Continúa la injusticia salarial para los postdoctorales: la mayoría no se beneficiará de la subida del 2% a los empleados públicos

Recientemente se ha anunciado una subida salarial del 2% a los empleados públicos. Esto es una gran noticia para todos ellos y en especial para los investigadores predoctorales. El nuevo Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF) permite por primera vez que estos investigadores se beneficien de una subida salarial, ya que sus retribuciones mínimas se calculan ahora sobre la base del Grupo M3 1 (Máster o equivalente) del nuevo convenio colectivo del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE). Sin duda, este aspecto del Estatuto ha supuesto una gran avance para los derechos de los predoctorales y es algo por lo que hemos luchado desde hace varios años en la Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios (FJI-Precarios), por lo que lo celebramos de manera efusiva.

Sin embargo, y por paradójico que parezca, el salario de la mayoría de investigadores postdoctorales no se actualiza. Esto es así porque actualmente no existe en el convenio colectivo del personal laboral de la AGE una categoría que requiera la titulación de doctor, sino que la categoría más alta corresponde al título de máster (M3). Es por esta razón que no se puede hacer una equivalencia directa a un salario de doctor sobre el que calcular el salario mínimo de los postdoctorales de manera análoga a como se ha hecho con los predoctorales. Al no tener estatuto propio ni convenio laboral específico, los investigadores postdoctorales vienen sufriendo una verdadera situación de indefensión. Por una parte, destaca la pérdida importante de poder adquisitivo desde hace más de una década, como ya hemos señalado previamente en nuestro informe de 2018 sobre este asunto. Es increíble contemplar que, por ejemplo, los investigadores postdoctorales Juan de la Cierva y Ramón y Cajal (algunos de ellos referentes mundiales en sus campos de investigación) tienen menos derechos que otros de sus compañeros ya que no cuentan con un estatuto que les asegure un salario mínimo que se actualice anualmente como ocurre, desde hace menos de un año, con los predoctorales. Precisamente desde la aprobación de este estatuto se está dando una curiosa situación: actualmente, el sueldo de un investigador disminuye cuando pasa de ser predoctoral a ser postdoctoral con una ayuda Juan de la Cierva-Formación. Esta situación ilógica implica que no se esté valorando salarialmente la mayor formación y experiencia simplemente porque el gobierno no ha abordado todavía un necesario estatuto que garantice los derechos de los postdoctorales. A la vez, esto es nefasto para el mantenimiento de un sistema español de ciencia, ya que esta falta de competitividad en los salarios disminuye la atracción de talento internacional.

El gobierno debe poner solución a esta situación injusta, empezando por las convocatorias de todas las ayudas para contratos postdoctorales del Ministerio de Ciencia. El salario mínimo de estas convocatorias, que lleva congelado desde 2011, muchas veces es el máximo que se cobra ya que muchos centros no respetan el artículo 22.1.d de la Ley de Ciencia, en el que se establece que su retribución no podrá ser inferior a la que corresponda al personal investigador que realice actividades análogas. Esto provoca que ese salario pierda cada año poder adquisitivo ya que no está ligado, a diferencia del de sus compañeros predoctorales, a un convenio que se actualice periódicamente como el de la AGE. A continuación ofrecemos una tabla comparativa de los salarios mínimos de los predoctorales y el salario mínimo de los postdoctorales donde se aprecia la pérdida de poder adquisitivo en el paso de predoctoral a postdoctoral:

En resumen: a pesar de trabajar para centros públicos y estar contratados con fondos públicos, en bastantes casos los contratos de estos investigadores postdoctorales se han hecho fuera de convenio, por lo que quedan excluidos de las tablas salariales del personal de sus centros. Esta situación hace que incluso aquellos postdoctorales financiados por las ayudas más competitivas de nuestro país (como las Juan de la Cierva y las Ramón y Cajal) vayan a seguir percibiendo el salario mínimo estipulado en sus convocatorias, que está congelado desde 2011, y sin posibilidad de actualizaciones periódicas como las del resto de empleados públicos. Por lo tanto, tomando como ejemplos los programas Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, si se analiza la pérdida de poder adquisitivo de los investigadores postdoctorales desde 2005, se aprecia un descenso notable de poder adquisitivo en la relación entre las variaciones del IPC y el salario mínimo estipulado por el gobierno:

Si se adaptaran los salarios mínimos congelados por el gobierno desde 2011 al poder adquisitivo que tenían los investigadores Juan de la Cierva y Ramón y Cajal en el año 2005, los salarios mínimos de las convocatorias tendrían que actualizarse de la siguiente manera:

Por ello, exigimos al gobierno que solucione este problema relacionado con el salario de los investigadores postdoctorales cuanto antes de la siguiente manera:

1. Que se lleve a cabo un convenio sectorial (estatal) para el personal investigador no estabilizado que asegure mejoras salariales sin pérdida de poder adquisitivo y otros derechos que siempre hemos reivindicado desde FJI (como la posibilidad de percibir complementos tales como sexenios y quinquenios, por ejemplo).
2. Que hasta que se lleve a cabo este convenio sectorial, el salario de los investigadores postdoctorales sea similar en cuanto a poder adquisitivo a los niveles de 2005. Esto supondría que el salario sea como mínimo el 100% del grupo M3 de la Administración General del Estado (el que establece para los puestos que requieren estudios de Máster), al que habría que sumar el porcentaje de poder adquisitivo perdido en estos últimos años para investigadores Juan de la Cierva, Ramón y Cajal y demás personal que tiene su salario mínimo congelado desde 2011. Tal reivindicación supone un incremento conjunto para los tres programas (Juan de la Cierva Formación, Incorporación y Ramón y Cajal) de 20 millones de euros, a lo sumo, en comparación con la financiación actual (siendo devuelta parte de esta subida a las administraciones: un 39% va a la Seguridad Social y otro porcentaje variable según cada caso vía IRPF).
3. Que se elabore con carácter de urgencia un Estatuto del Personal de Investigación en el que se recojan todos estos derechos y que incluya en él a investigadores, gestores y técnicos de laboratorio. En él se establecerán sus salarios mínimos para que los trabajadores públicos de la investigación no vuelvan a perder poder adquisitivo.

Exigimos al gobierno que estos cambios se produzcan a la mayor brevedad, incluyendo a los investigadores ya contratados, con el objetivo de acabar con la tremendamente injusta situación en la que se encuentran los investigadores postdoctorales de este país, a los que se les exige cada vez más méritos en su carrera pero a la vez se les paga un salario que arrastra pérdida de poder adquisitivo e inestabilidad laboral. Si el gobierno no lo soluciona pronto, el mensaje que lanza queda más que claro: ascender en la precaria carrera investigadora en España no te asegura aumentar tu salario, solo tus responsabilidades. Y eso es claramente un fracaso del sistema español de ciencia.