Denuncias anteriores ante la inspección de trabajo

Numerosas instituciones, sean Universidades, Organismos Públicos de Investigación o Fundaciones privadas, siguen negándose a cumplir la normativa legal (EPIF, normativa laboral) en cuanto a la contratación de los jóvenes investigadores. En estos casos, es necesario denunciar ante los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la legalidad. Uno de los principales es la Inspección de Trabajo. Desde distintas asociaciones locales de la FJI-Precarios se ha recurrido con éxito a esta institución. Dado que, en el marco de la campaña No+BecasxTrabajo, se pretende hacer de estas denuncias uno de los mecanismos de presión para obligar a las instituciones a cumplir la ley, es conveniente recopilar esas denuncias exitosas para poder utilizarlas como referencia en denuncias futuras.

Salamanca

La Junta de Castilla y León, el día 12 de marzo de 2007, publicó en el BOCyL la resolución de adecuación de sus becas de investigación al EPIF, pero con efectos de 1 de abril de 2007. Además, los beneficiarios a los que les restaran menos de 6 meses de beca no tendrían derecho a contrato (ya que el contrato en prácticas es por un periodo mínimo de 6 meses). Unas 70 personas, debido a que la JCyL no adecuó sus becas cuando debió, no tendrían contrato de ningún tipo, 80 personas tendrían 10 meses menos de contrato y 160 personas perderían tiempo de cotización a la Seguridad Social. Ante estos hechos, Innova-Salamanca decide interponer un recurso de reposición contra la resolución. Ésta no prospera, por lo que se decide poner el tema en manos de la inspección de trabajo.

La inspección dió la razón a Innova y obligó a la Universidad de Salamanca (que es la que, según el EPIF, tendría que haber contratado) a que la fecha de aplicación fuera Febrero de 2006 de forma que, para los investigadores en su primer o segundo año se consiguió la incorporacion a la seguridad social desde febrero del 2006 y para los de tercer y cuarto año un contrato desde febrero del 2006, incluyendo derecho a paro. Además, esta resolución se extrapoló también a los becarios del MEC y del CSIC en Salamanca. Además, esto no supuso que los investigadores tuvieran que pagar los impuestos correspondientes a dicho periodo, al haber prescrito.

Además, en Junio de 2008 se ha conocido que la inspección de trabajo ha multado con más de un millón de euros a la Junta de Castilla y León por no haber dado de alta en la Seguridad Social a los beneficiarios de sus convocatorias. Más información en:

http://www.iusalamanca.org/article1042.html

Vizcaya

La Universidad del Páis Vasco (UPV), pese a adaptar al EPIF las convocatorias posteriores a su aprobación, se negó a hacerlo con carácter retroactivo a aquellos investigadores con una beca en vigor. Ante esto, IP denunció a la Inspección de Trabajo, que le dió la razón, obligando a la UPV a dar de alta con fecha de Febrero de 2006. Además, parece que la Inspección también está actuando sobre otras becas que, en principio, no están afectadas por el EPIF (becas de proyecto, etc). Según inspección de trabajo de Vizcaya, todo lo que no sean becas EPIF deben ser contratos por cuenta ajena. No hay vuelta de hoja. Si tienes dinero para que alguien haga lo que tu no quieres o no puede hacer, tienes que contratarla.

Granada

Los beneficiarios de la convocatoria de 2005 de becas de excelencia de la Junta de Andalucía fueron dados de alta en la Seguridad Social siguiendo una orden de la Junta de Andalucía que adecuaba esta convocatoria al EPIF. ¿Todos? ¡No! el CSIC "resiste" a la aplicación de la ley y no dio de alta a estos investigadores. Ante las demandas de los investigadores, el CSIC desplegó un amplio abanico de excusas. Pese a haber mantenido contactos con uno de los vicepresidentes del CSIC e, incluso, haber entregado una carta al Presidente exponiéndole el problema, la primera institución investigadora de España siguió incumpliendo la ley. Por ello, los investigadores en esta situación en Granada deciden acudir a la inspección de trabajo. Ésta, como no podía ser de otra forma, da la razón a los investigadores, gracias a lo cual estos investigadores fueron dados de alta en la Seguridad Social con fecha de Febrero de 2008 (dos años más tarde de lo que hubieran debido), y se han iniciado los mecanismos para hacer esta cotización retroactiva, con efecto desde Febrero de 2006.

Canarias

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha sido multada por la inspección de trabajo con 144.000 euros por no dar de alta a la seguridad social a los becarios predoc.