1700 jóvenes investigadores abandonados por el Ministerio de Ciencia e Innovación
La prórroga de contratos por la pandemia de la COVID-19 deja fuera a más de un millar de científicos predoctorales de la convocatoria 2018
El Ministerio de Ciencia e Innovación excluyó de la prórroga de contratos predoctorales a causa de la COVID-19 a más de 1700 jóvenes investigadores. La medida, regulada en el Real Decreto-ley 11/2020 y la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, otorgó al personal investigador una extensión de su contrato de trabajo por un máximo de cinco meses para paliar los retrasos de la emergencia sanitaria. Esta medida fue acogida con gran alivio por los y las contratadas FPI y FPU, que celebraron la posibilidad de recuperar hasta cinco meses de trabajo perdido, provocado por la cuarentena domiciliaria entre marzo y mayo de 2020, así como por las restricciones a la movilidad y el acceso a archivos y laboratorios que se prolongaron durante, al menos, un año más.
Sin embargo, dicha prórroga tan sólo acogió a aquellos/as científicos/as cuyo contrato finalizara entre el 2 de abril de 2021 y el 1 de abril de 2023, de tal forma que dejó fuera, no sabemos si de manera deliberada, a las convocatorias de 2018 que acabarán sus contratos entre junio y octubre de 2023. En este sentido, el Gobierno abandona a su suerte a más de un millar y medio de jóvenes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Investigación y les deja sin financiación para recuperar el tiempo perdido, como sí han podido disfrutar el resto de convocatorias anteriores. Todo ello aboca a toda una generación de jóvenes investigadores a una situación de grave precariedad, viéndose forzados a recurrir en muchas ocasiones a la prestación de desempleo para finalizar sus investigaciones, que se vieron igualmente afectadas, incluso más si cabe, al encontrarse durante la pandemia en su primer año de contrato.
Esta situación entra en seria contradicción con la voluntad de este gobierno, repetida hasta la saciedad, de resarcir al sistema científico de las dinámicas de precarización laboral, esgrimiendo razones presupuestarias mientras recientemente ha implementado una subida salarial del 2% a los empleados públicos, de la que se beneficiarán 15.000 científicos, técnicos y personal de apoyo de los organismos públicos de investigación. Asimismo, la cartera de Ciencia ha propuesto una subida salarial para los contratados predoctorales de las convocatorias de 2019 en adelante, quedando de nuevo excluida la generación 2018.
Todos estos datos apuntan a que la exclusión de las convocatorias FPI y FPU de 2018 es una decisión tomada sin considerar la realidad de los y las jóvenes investigadoras, a las que se deja en una situación de indefensión y precariedad laboral, pero también de discriminación y de agravio comparativo con respecto a las convocatorias de años anteriores que sí han podido beneficiarse de la extensión de los contratos. Por todo ello, exigimos una respuesta al gobierno que dé solución a una realidad que vulnera no sólo los derechos de toda una generación de investigadores/as, sino que también altera y perjudica la calidad del propio sistema científico español.
Contacto:
- Daniel Canales Ciudad: dancanales en unizar.es
- Margalida Puigròs Serra: margalida.puigros en iibb.csic.es
- Inés Media Lozano: imedina en cita-aragon.es
_