El Gobierno de coalición está planteando un paquete de medidas que afecta al personal investigador postdoctoral, a saber: la propuesta de reestructuración de la carrera investigadora en España por parte del Ministerio de Ciencia (cuyos detalles han sido revelados en una nota informativa del CSIF el pasado 3 de marzo), el Pacto por la Ciencia impulsado por el Ministerio de Ciencia y la propuesta de contratación de personal investigador postdoctoral por parte del Ministerio de Universidades (ayudas María Zambrano y Margarita Salas). Las medidas propuestas no sólo no permiten solventar los problemas de precariedad laboral que afectan a este sector y al buen desarrollo de la ciencia y la investigación en nuestro país, sino que además, de implementarse, agravarían aún más la situación. Así lo hemos analizado en el informe: “Nuevos parches, viejos problemas y ninguna solución. Las medidas del gobierno que condenan aún más al personal investigador postdoctoral ”. Esta serie de medidas cortoplacistas propuestas por el Gobierno no ponen solución a las principales demandas del colectivo postdoctoral, que son la existencia de una carrera investigadora digna, la actualización de los salarios y eliminación de desigualdad salarial entre convocatorias, la creación de un Estatuto de Personal Investigador que blinde y armonice los derechos laborales del personal investigador y técnico de universidades y OPIs, y que se cumpla el Pacto por la Ciencia firmado por todos los grupos políticos en octubre de 2019, en el que se comprometieron a aumentar la inversión en investigación y ciencia al 2% del PIB durante la presente legislatura. En particular, con respecto a cada uno de los puntos, podemos resumir muy escuetamente cada una de las propuestas de la siguiente manera:

  1. La propuesta del Gobierno de una carrera investigadora basada en su idea de un “contrato de consolidación” es restrictiva, pues sólo se aplica a Organismos Públicos de Investigación y no a universidades, aumentando la brecha entre la realidad laboral de los investigadores de ambos tipos de institución. El Gobierno mantiene el mismo número indecente de años que hay ahora hasta tener un contrato estable e indefinido (13 años) y quiere además aumentar la vulnerabilidad de los investigadores no obligando a los centros a contratarlos después de pasar una evaluación positiva. En definitiva, la propuesta del gobierno no soluciona nada, pues mantiene la precariedad actual y además, la no obligación de contratar a los investigadores que superan la evaluación final del contrato de consolidación después de 13 años trabajando al máximo nivel, nos deja peor que ahora. Se alerta más detalladamente en el documento de cómo el Gobierno busca desfuncionarizar al personal de OPIs y universidades.
  2. La subida salarial de la última convocatoria de ayudas Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, por una parte, y el anuncio de las ayudas-espejo de éstas (ayudas Margarita Salas y María Zambrano) por parte del Ministerio de Universidades van a crear un problema de disparidad salarial inminente, ya que investigadores/as postdoctorales con la misma antigüedad van a percibir diferentes salarios: en el caso de las Juan de la Cierva, los de la convocatoria 2020 cobrarán un 5% más que los postdocs de años anteriores teniendo estos últimos más experiencia, y en el caso de las ayudas del Ministerio de Universidades, cobrarán el doble de salario en comparación con sus compañeros de las Juan de la Cierva pese a que se pide la misma experiencia, antigüedad y requisitos para solicitar ambas. Esto es denigrante, vergonzoso e injusto. No podemos entender cómo desde ambos ministerios no se han dado cuenta de los problemas que van a ocasionar, es como si pareciera que no conocen el sistema actual de ciencia. Este problema de disparidad de salarios sólo puede arreglarlo nuestra propuesta de un estatuto de derechos para el personal investigador postdoctoral y el personal técnico. Mientras tanto, proponemos que el Ministerio de Universidades destine el importe de esos contratos temporales (que en realidad son callejones sin salida, pues no estabilizan) para reducir la precariedad de los/as investigadores/as que ya llevan bastante tiempo con contratos temporales, como quienes tienen un contrato Juan de la Cierva Incorporación o a quienes desde el extranjero se les atrae con convocatorias que nunca se transforman en contratos indefinidos.
  3. El Pacto por la Ciencia presentado por el Ministerio de Ciencia está prácticamente vacío, no tiene medidas concretas (a excepción de la horrible propuesta de carrera investigadora presentada en el punto anterior) y no incluye ninguna de las propuestas ofrecidas por los investigadores predoctorales y postdoctorales con carácter urgente desde hace años.

Nos sorprende que se planteen tales cambios para el personal investigador sin contar con el propio colectivo. Este sinsentido es aún más llamativo considerando que desde FJI-Precarias llevamos años proponiendo medidas concretas que el Gobierno desoye y que están recogidas en el informe: “Hacia una carrera investigadora en España. Medidas urgentes a corto y medio plazo.”
Así pues, emplazamos al Ministerio de Ciencia y al Ministerio de Universidades a que acepte nuestra propuesta de trabajar conjuntamente para analizar cuál debe ser el futuro de los jóvenes investigadores. Hacemos un llamamiento además a todos los agentes sociales, sindicatos, asociaciones y demás colectivos a unirnos para evitar que estas propuestas se lleven a cabo, pues nos perjudicarían todavía más de lo que estamos. Proponemos a todas estas organizaciones que nos unamos para esbozar propuestas conjuntas que presentar al Gobierno para dignificar la carrera investigadora en España.