El curso pasado los doctorandos catalanes vieron indignados como el precio de la tutela académica subía un 280%, pasando de unos 100 a 400 euros. Tras diversas reuniones con miembros de la Generalitat y representantes de las universidades públicas catalanas, así como de diversos comunicados de prensa, concentraciones y manifestaciones mostrando el rechazo al brutal incremento del precio por parte de los doctorandos catalanes, no se consiguió parar esta injustificada subida. Y es ahora el Gobierno Español quien sigue los mismos pasos (1).
Toda subvención a un precio público (como ocurre con los estudios de doctorado) debe realizarse sobre el coste real de ese servicio, y ese coste no se ha calculado. En Cataluña, al inicio del actual curso académico, tras la solicitud expresa de D-Recerca, associació de doctorands y becaris de recerca de Catalunya, de conocer tal desglose, la Generalitat proporcionó un cálculo lamentable (2), realizado meses después de la publicación del decreto de precios de la Generalitat (3), el cual provocó la indignación de los doctorandos catalanes, ya que entre otras muchas cosas, consideraba el sueldo de un catedrático comparable al de un controlador aéreo. El coste real recalculado por los doctorandos (con los sueldos reales) apenas llegaba al 25% del cálculo de la Generalitat.
Los doctorandos están hartos de que se les maltrate de esta forma, de realizar la tesis en condiciones precarias, en algunos casos sin derechos laborales, a verse obligados a acabar las tesis con el subsidio del paro, o incluso sin él, a que se les vean recortados sus ínfimos sueldos un 5% como cualquier empleado público, como para que encima se les haga pagar 400 euros por un servicio que, en los pocos casos que se realiza como tal, no supone apenas coste alguno para la universidad. Es de especial gravedad el caso de los doctorandos del CSIC y demás centros de investigación ajenos a la Universidad, que deben pagar a las mismas por unos servicios que no se están dando y que pese a requerir sus contratos la matriculación en un doctorado, son ellos quienes deben abonar los costes para poder desempeñar su trabajo.
No hace apenas una semana que se ha aprobado la nueva Ley de la Ciencia, y resulta lamentable que tras aprobarse que todo investigador debe mantener una relación contractual con plenos derechos laborales, se vuelva a tratar a los investigadores en formación como estudiantes que tienen que pagar por trabajar.
La FJI/Precarios demanda la derogación de esta resolución antes de su aplicación, que representa una subida abusiva e injustificada sobre el precio de años anteriores y que en ningún caso se ajusta al coste real del servicio ofrecido.
NOTAS y ENLACES
(1) http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/18/pdfs/BOE-A-2011-8630.pdf
(2) http://www.precarios.org/dl1272
(3) http://www.gencat.cat/diari_c/5676/10195043.htm