La titular del Ministerio de Ciencia e Innovación, Sra. D.ª Cristina Garmendia, afirma ante los medios de comunicación que la figura del becario va a desaparecer. Pero mucho nos tememos que sigue timando a los españoles con eslóganes publicitarios pensados con fines electoralistas, pues los hechos desmienten sus palabras. El proyecto de Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación (LCTI) 1, debatido actualmente en el Congreso de los Diputados, tolera la precariedad en el ámbito de la investigación. Haciendo caso omiso de la Carta Europea del Investigador 2, el proyecto sigue sin definir una carrera investigadora profesional y perpetúa la figura del becario. También el Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTI) desmiente las palabras de la Ministra Garmendia, pues el Anteproyecto de Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social (D.A. 3ª) 3 prevé incluir en régimen de seguridad social a los becarios que perciban contraprestación económica.

Pero además, la LCTI en trámite parlamentario apuesta temerariamente por articular los recursos financieros de la investigación española con fuentes privadas como las fundaciones, cuyo elevado nivel de opacidad gestora y contable fomenta el encubrimiento de puestos de trabajo mediante becas. Así lo demuestra la elevada bolsa de fraude detectada en las fundaciones, denunciada por la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios (FJI) con su campaña N+BxT y sancionada con un importe cercano a 1.000.000 de euros por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y ello, pese a que las aludidas fundaciones son las que mejor tajada se llevan de esta ley, a través de la desgravación de impuestos.

Frente a esta política de proporcionar mano de obra joven, titulada y barata a las fundaciones a cambio de desgravaciones, con la LCTI el Gobierno tiene una oportunidad única para mejorar la situación de muchos jóvenes, permitiéndoles integrarse en el sistema de I+D+i mediante un contrato laboral respetuoso con el Pacto de Toledo en materia de cotizaciones y con su propio compromiso de impulsar la reforma laboral. Es sencillamente imposible apostar por la mejora de las condiciones laborales en entornos de investigación y seguir permitiendo las becas.

Ser becario significa ser productivo como un trabajador, pero sin embargo supone no cotizar para la jubilación, no tener derecho al desempleo, no tener derecho a cobertura sanitaria, no tener derecho a vacaciones ni licencias por maternidad o permisos regulados, no encajar en el sistema de prevención de riesgos laborales, carecer de cobertura por accidente laboral, carecer de derecho a sindicación, etc. ¿Alguien se cree que tales políticas mejoran la situación laboral de los jóvenes investigadores españoles? Aunque algunas de esas carencias puedan paliarse en las convocatorias específicas de ayudas, lo coherente sería establecer el marco normativo general para evitarlas, precisamente mediante la futura LCTI.

La FJI ha presentado enmiendas, apoyadas por ciertos grupos parlamentarios, para impedir que se perpetúe el vigente modelo de investigación basado en la lacra de las becas. Pero el Grupo Parlamentario Socialista está maniobrando para abortarlas, al presentar una propuesta que desatiende las reclamaciones de los investigadores, no contribuye a resolver los problemas que aquejan desde hace décadas a la investigación en España e incluso podría incorporar figuras de dudosa juridicidad laboral como el “becario cotizante” previsto en la D. A. 3ª del Anteproyecto de Ley del MTI antes aludida, eufemismo empleado para nombrar a quien trabaja sin los derechos laborales citados.

En definitiva, si no se impone la cordura entre los grupos parlamentarios ni lo impide la opinión pública, con la futura LCTI se va a malograr una nueva oportunidad para cumplir el compromiso gubernamental de apostar por la investigación. Nuestro país no está en condiciones de permitirse este fracaso, ni los ciudadanos deberían tolerarlo.