Interrupciones en la investigación

Algunas convocatorias de programas predoctorales exigen estar en posesión del título de máster en el momento de la solicitud; como las fechas de las convocatorias no siempre están en consonancia con la fecha de obtención del título universitario, pueden pasar meses hasta que se está en condiciones de solicitar una ayuda. Esta restricción, unida a la lentitud administrativa en la resolución de las convocatorias, provoca que los investigadores puedan estar trabajando durante varios meses sin sueldo o sin remuneración regulada1. Estos retrasos suponen importantes problemas económicos para los investigadores, además de mermar la productividad de los grupos de investigación, que no pueden planificar sus recursos humanos ni la organización del trabajo y sus resultados a medio y largo plazo.

En el mejor de los casos, la financiación predoctoral se extiende durante 4 años, aunque es frecuente que el tiempo necesario para la realización de la tesis doctoral sea superior, utilizando para ello la prestación por desempleo.
Algunos investigadores llegan incluso a realizar su trabajo sin recibir ninguna remuneración o recibiéndola de manera irregular, y, por tanto, sin cobertura legal. Definimos a los Investigadores Sin Remuneración Regulada (ISRR) como aquellos titulados que deciden hacer la tesis o dedicarse a la investigación pero que no reciben ningún salario ni financiación por ello, o que reciben uno que no refleja su dedicación real. A menudo, esta situación alcanza límites inaceptables, tanto de duración como de condiciones laborales, y supone una situación de precariedad extrema para los afectados, ya que no sólo —en muchos casos— no reciben remuneración, sino que carecen de derechos y de cualquier tipo de protección. La FJI-Precarios tiene un gran interés en resolver la situación de este colectivo, uno de los más desprotegidos. Se mantiene un debate sobre las posibles soluciones para evitar, por una parte, que más investigadores caigan en esta situación y, por otra parte, resolver el problema de los ISRR. El problema es complejo y está tratado de forma más extensa en otros documentos. En 2008 se terminó un estudio sobre la situación de los ISRR, y se redactó un informe, disponible en la web (FJI, 2008). En dicho estudio se estima que “el porcentaje de personal investigador ejerciendo su trabajo en condiciones de total desprotección y sin percibir una remuneración regulada por su tarea podría rondar el 8,5% (encuesta a la muestra aleatoria) e incluso ser superior al 10% (encuesta a la muestra de conveniencia).”

Tras la obtención del grado de doctor suele producirse otra interrupción considerable en la financiación del investigador. En algunas convocatorias, la lectura de la tesis implica la finalización inmediata de la beca o contrato, y, por tanto, es frecuente que durante este periodo (hasta la incorporación a otro centro como investigador postdoctoral) el investigador realice su trabajo sin ningún tipo de remuneración, perspectivas o seguridad laboral. Además, la mayoría de las convocatorias postdoctorales exigen como requisito ser doctor o haber depositado ya la tesis. Esto provoca en muchos casos que el investigador no disponga de financiación durante muchos meses. Hay que tener en cuenta que este requisito no se justifica en la intención de evaluar la calidad de la tesis, ya que sólo se exige el justificante que acredite haberla leído o depositado. En cambio, ni el ser doctor ni el haber depositado en el momento de la solicitud se exige en la oferta postdoctoral de las principales universidades estadounidenses y europeas, ni tampoco aparece en otras prestigiosas convocatorias como el programa People (CE, 2012), que evalúan la calidad de la investigación a partir de las publicaciones en revistas de reconocido prestigio. La discontinuidad que supone en la carrera profesional esta falta de financiación constituye uno de los principales problemas a los que se enfrentan los investigadores en nuestro país.

Algunas convocatorias ministeriales (por ejemplo, el programa Juan de la Cierva o el programa JAE) no requieren haber finalizado el doctorado en el momento de la solicitud, sino en una fecha posterior a ésta —pero varios meses antes de la incorporación del candidato al grupo de investigación de destino. Aunque esta medida es una mejora respecto a que se requiera en el momento de la solicitud, en opinión de la FJI-Precarios es un paso insuficiente, porque lo lógico es que el investigador solicitante únicamente tenga que cumplir este requisito al inicio del disfrute de la financiación.

Los prolongados periodos entre solicitud y resolución de las ayudas y la falta de planificación plurianual en los plazos de convocatoria y concesión (no hay unas fechas fijas) dificultan muchas veces la incorporación del investigador al grupo receptor. En muchos casos, la convocatoria se resuelve con posterioridad a la fecha de inicio solicitada, lo que provoca graves desajustes en la organización del trabajo del investigador en el grupo de destino, aparte de cuestiones logísticas y personales como mudanza, traslado de cónyuges e hijos, etc. En ocasiones, la propia institución convocante fija (muchas veces por cuestiones legales) un plazo límite para resolver las ayudas, pero no es infrecuente que ella misma lo ignore y lo sobrepase; un caso paradigmático es el de las becas postdoctorales MEC/Fulbright, cuyas solicitudes llevan desde 2005 resolviéndose mucho después de las fechas indicadas oficialmente, llegando muchas veces a solaparse con el plazo de solicitud siguiente. Pese a que esta es la principal convocatoria postdoctoral de nuestro país para investigadores que acaban de obtener el título de doctor, en 2006 se eliminó una de las 2 convocatorias anuales de este tipo de ayudas. Durante los últimos años, han llegado a ser convocadas con un lapso de 20 meses, y en 2012 no fueron convocadas. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos se trata de investigaciones que implican a grupos en el extranjero, la mala gestión de este tipo de ayudas no sólo afecta a los solicitantes, sino que empeora en gran medida la imagen de todo nuestro sistema de ciencia en el exterior. Es por eso que los propios afectados y la FJI-Precarios han hecho llegar al ministerio en varias ocasiones de una lista de sugerencias y soluciones para mejorar esta convocatoria, con escasa o nula respuesta por parte de los responsables políticos de la misma.

Por otra parte, la duración de muchas ayudas postdoctorales suele ser demasiado corta (de dos años o menos como norma general) en relación con la de los proyectos de investigación. En consecuencia, el investigador postdoctoral está en una situación de gran inestabilidad laboral y tiene que dedicar mucho tiempo a la búsqueda de trabajo. En muchos casos, nada más iniciar el contrato se tiene que solicitar el siguiente, para evitar periodos vacíos entre ayudas. Dicha inestabilidad dificulta notablemente su labor e impide la realización y/o finalización de muchos trabajos por ser demasiado corto el tiempo subvencionado y por no poder realizar una planificación a medio plazo de su carrera, su vida y sus proyectos. Desde la FJI-Precarios valoramos de manera positiva que las convocatorias de contratos del programa Juan de la Cierva (JdC) dependientes de la Dirección General de Investigación (DGI) del MINECO y del programa I3P del CSIC contemplen una duración de hasta tres años. Esto permite disponer de un margen más amplio para conseguir un nuevo puesto, lo cual redunda en la calidad de la investigación llevada a cabo durante el disfrute del contrato postdoctoral.

En la actualidad, y debido en gran medida a la situación de crisis económica que atraviesa el estado español, desde el MINECO y el MEC se está debatiendo un nuevo diseño de las ayudas para la etapa postdoctoral. La información ofrecida por ambos ministerios en recientes reuniones con la FJI-Precarios (http://es.groups.yahoo.com/group/precarios-estatal/message/55354), es que podrían fusionar las convocatorias de ayudas de movilidad postdoctoral y ayudas Juan de la Cierva en una única convocatoria que consistiría en contratos de 3 o 4 años de duración, donde el investigador debería desarrollar su trabajo en un grupo extranjero al menos durante 1 o 2 años.