El pasado 21 de noviembre, el Parlamento de Andalucía aprobaba la Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento. Dicha ley aspira, tal y como establece en su preámbulo, a configurar un Sistema Andaluz del Conocimiento cuya eficacia “redunde en beneficio de la ciudadanía, la sociedad y el desarrollo económico”.
La realidad, en cambio, es muy distinta. Esta ley pasa por alto uno de los problemas más graves que sufre la investigación en nuestro país, como es que los investigadores tengan que realizar su labor en difíciles condiciones de precariedad. Es sabido que la labor del investigador es inestable, incierta y poco gradecida socialmente. No existe una carrera investigadora como tal, que permita a los investigadores planificar su desarrollo profesional. Como consecuencia, muchos se ven obligados a abandonar, dejando en la cuneta trabajo, proyectos y recursos públicos. Una sociedad que pretende ser avanzada no se puede permitir esta situación.
Conscientes de esto, desde la Federación de Jóvenes investigadores hicimos llegar a los partidos con representación en el Parlamento de Andalucía un conjunto de propuestas que entendíamos mejorarían la ley durante su trámite parlamentario. Planteábamos el establecimiento en Andalucía de un diseño de carrera investigadora coherente y claramente definido. El objetivo era terminar con la precariedad en todos los niveles, sustituyendo las becas de investigación por contratos, y eliminando las “etapas muertas”, períodos en los que los investigadores se quedan en el paro sin posibilidad de optar a ningún programa de reincorporación.
Estas propuestas fueron plasmadas por Izquierda Unida y el Partido Popular en una serie de enmiendas que buscaban la introducción de la carrera investigadora como parte del texto legislativo. Proponían, entre otras cosas, la contratación de los investigadores desde el comienzo de su actividad, y la reimplantación en Andalucía de los programas de "perfeccionamiento” y “retorno”. Estos programas son de capital importancia, ya que permitirían la salida de investigadores andaluces a trabajar a centros de investigación de prestigio en el extranjero, así como su reincorporación al sistema andaluz de investigación a su regreso.
Lamentablemente, el PSOE, sin querer atender a razones, rechazó estas enmiendas con su mayoría absoluta en la cámara. Reconocemos, una vez más, la actitud de IU y PP, que con este tipo de iniciativas, ponen de manifiesto que la política de I+D+i está por encima de diferencias ideológicas, y debería ser objeto del acuerdo responsable de todos los partidos. No entendemos, sin embargo, la actitud del PSOE ni la del Gobierno de la Junta. No entendemos que se quiera seguir manteniendo en la precariedad a los investigadores andaluces. No entendemos que se apueste por un sistema andaluz de investigación mediocre y sin ambiciones. No entendemos que se propicie que Andalucía vuelva a perder el tren de la innovación y el desarrollo.
En las próximas semanas, seguramente, desde la Junta de Andalucía se cantarán las excelencias de esta ley. Pero la sociedad andaluza no merece más campañas publicitarias vacías, ni gestos inútiles. Son necesarias menos declaraciones grandilocuentes y más hechos concretos. Desde la FJI solicitamos, nuevamente, al Presidente de la Junta de Andalucía, D. Manuel Chaves, que aproveche el tiempo restante hasta las elecciones para corregir estas situaciones. Andalucía no se puede permitir el lujo de desaprovechar más oportunidades.
Para más información:
- David González (Presidente FJI-Precarios): Presidencia en precarios.org - 678493975
- Jose Die (Vicepresidente FJI-Precarios) vicepresidencia en precarios.org - 619323179
- Vega Asensio (Portavoz de la FJI-Precarios): medios en precarios.org - 650199724
- Cecilia Galindo (Coordinadora Andalucía): andalucia en precarios.org - 609138781