Descarga el informe en PDF aquí: NUEVOS PARCHES, VIEJOS PROBLEMAS Y NINGUNA SOLUCIÓN

Introducción


Lanzamos este informe para ofrecer una evaluación general de los pasos que se están dando desde el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Universidades del gobierno de coalición con respecto a las supuestas mejoras laborales de los investigadores postdoctorales. Adelantamos que esas supuestas mejoras no lo son: más que soluciones o mejoras, el gobierno sigue manteniendo los mismos problemas y está ofreciendo una serie de parches que, lejos de arreglar algo, aumentan los problemas a base de incidir más en la problemática, con lo que siguen complicando la situación de los investigadores postdoctorales.

Desde FJI-Precarios llevamos varios años pidiendo con urgencia la implementación de 4 medidas que serían la solución de la inmensa mayoría de los problemas del personal postdoctoral:

  1. Una carrera investigadora digna, con categorías, salarios acorde y mecanismos de promoción y estabilización objetivos, que permita acabar con la incertidumbre, la precariedad y suponga un camino laboral seguro y estable para realizar nuestro trabajo. Hemos propuesto un programa estatal de carrera investigadora que satisface todo esto en nuestro informe de 2018 titulado “Hacia una carrera investigadora en España: medidas a corto y medio plazo”.
  2. Unos salarios competitivos y dignos que recuperen el poder adquisitivo perdido desde 2005. En 2018 publicamos un informe que incluía los datos que ningún gobierno ni sindicato se ha dignado nunca a ofrecer: a cuánto ascendía la pérdida de poder adquisitivo de los postdoctorales durante la crisis (2008-2018). En posteriores comunicados hemos actualizado la cifra y actualmente se propone una subida de entre un 21% y un 34% en los contratos postdoctorales del estado para recuperar el poder adquisitivo de 2005. Esto debería ir acompañado de medidas que eviten la pérdida de poder adquisitivo en el futuro.
  3. Un Estatuto del Personal de Investigación (EPI) que blinde nuestros derechos independientemente del centro en el que trabajemos, que dote de identidad jurídica a la carrera investigadora y a los salarios que nos corresponden como personal altamente cualificado, que nos permita regular todos los aspectos de nuestra vida laboral y que incluya también el blindaje legal de una carrera para el personal técnico.

Nada de esto sería posible sin una financiación adecuada, una que al menos alcance el 2% del PIB en los PGE, que se ejecute plenamente y que para ello se destine a los capítulos destinados a financiación de proyectos y contratación de personal.

Las medidas tomadas por los dos ministerios del gobierno de coalición no satisfacen ninguna de estas demandas que venimos años solicitando y, lejos de solucionar los problemas del personal investigador postdoctoral, las políticas y propuestas de ambos ministerios en muchos casos profundizan en la problemática actual. Esperamos que este informe sirva para contextualizar las medidas del gobierno de coalición con respecto a la situación actual del personal investigador postdoctoral, para demostrar la ineficiencia de estas medidas con respecto a nuestras demandas, y finalmente que sirva para que el gobierno de coalición se decida a aplicar las demandas de nuestra federación, ya que son las respaldadas por la mayoría de asociaciones de investigadores precarios del estado español.

1. La propuesta del gobierno de la modificación de la Ley de Ciencia: simplemente inaceptable.


Según se comenta en la nota informativa escrita por CSIF, el gobierno quiere incluir en la Ley de Ciencia una nueva fórmula contractual más predecible que evite la precariedad y la concatenación de contratos. Sorprendentemente, según CSIF, el Ministerio se centra únicamente en investigadores de OPIs y no menciona a las universidades. La nota afirma que el gobierno sostiene que en los OPIs la media de entrada a la estabilidad es de 43 años tras pasar alrededor de 13 años saltando de contrato temporal a contrato temporal como postdocs. En universidades la situación es similar: el 98% de los Profesores Titulares de Universidad en España tiene más de 40 años, mientras que en Francia la media de edad para acceder a la plaza equivalente a la de Profesor Titular de Universidad es de 34 años.
Para intentar solucionar este enorme problema, el gobierno propone una fórmula que deja a la carrera investigadora estructurada de la siguiente manera:

1. Contrato predoctoral tal y como existe ahora (4 años)
2. Contrato de Formación postdoctoral igual que el Juan de la Cierva-Formación actual pero pudiéndose disfrutar en la misma institución en que se ha hecho la tesis doctoral (2 años).
3. Contrato de Incorporación. Contrato similar al Juan de la Cierva-Incorporación actual que debe disfrutarse obligatoriamente en un centro distinto a aquel en que se haya realizado la tesis doctoral (3 años).
4. Contrato de consolidación (4 años). Esta es la novedad. Según el gobierno fuera de convenio (con toda la vulnerabilidad que esto implica) y evaluable al 4º año. Tendría dos fases: (1) Fase de concurso: con una evaluación similar a la que tienen ahora los Ramón y Cajal. Si se supera, se pasa a (2) fase de oposición sin concretar el tipo de contratación. Si la evaluación es positiva (no se especifican criterios), depende del centro aceptar que se le haga a estos investigadores un contrato indefinido, y si la evaluación no es positiva, ahí se acaba su carrera laboral después de 13 años de dedicación plena al sector sin plantear ningún tipo de carrera alternativa.

Huelga decir que esta propuesta parece restringirse únicamente al personal investigador de OPIs y no al de universidades, lo cual vendría a ahondar en la brecha entre la realidad del personal investigador de OPIs y de universidades, separaría sus trayectorias y haría aún más difícil el salto de un tipo de institución a otra. Todo ello en un marco donde la movilidad entre instituciones se considera un signo de excelencia, a pesar de que las condiciones laborales sean desiguales. Todo esto no es deseable y perjudica aún más la situación actual.

Los problemas con esta propuesta de estabilización y de carrera investigadora saltan a la vista: primero, siguen siendo los mismos 13 años de falta de previsión, de falta de continuidad, de inseguridad y de precariedad, saltando de contrato temporal en contrato temporal ( sin contar las visitas al extranjero ni a la cola del paro), y con convocatorias públicas de contratación que habitualmente incumplen los plazos de resolución. Segundo, después de los mismos 13 años de precariedad, se deja en manos de los centros la contratación indefinida del personal investigador que ha pasado la evaluación positiva (sin aportarles recursos para esas contrataciones), pudiendo estos centros optar por no contratar a los investigadores que después de 13 años de carrera han superado todas las pruebas existentes para ganarse su estabilidad. Y si no se pasa la evaluación se acaba la carrera investigadora para esta gente que ha apostado por desarrollar una labor científica de altísima calidad durante 13 años, planteándose de nuevo la emigración como única salida posible. Estos contratos de consolidación son propuestos con igual o mayor nivel de competitividad que en los contratos Ramón y Cajal, pero con ninguna seguridad a largo plazo porque pueden despedirte o simplemente no contratarte. La contratación indefinida de una evaluación positiva debería ser obligatoria para los centros y el personal investigador no debería pasar 13 años de su vida esperando para poder firmar un contrato indefinido. Además, se presupone que a cada etapa se reducirá el número de contratos, de modo que muchos investigadores válidos serán formados y desechados del sistema de forma continua por la falta de financiación.

En definitiva, esta lamentable propuesta no soluciona ningún problema: quiere modificarse la Ley de Ciencia no para ayudarnos, sino para consolidar nuestra precariedad actual y hundirnos todavía más en la falta de estabilidad y seguridad. Han hecho caso omiso de nuestras propuestas y quieren que traguemos con elevar nuestra precariedad al rango de ley. Es profundamente triste leer que se quiere modificar una ley para estar 13 años en precario y que finalmente con una evaluación positiva el centro pueda optar por no contratarte indefinidamente con total impunidad y sin ninguna penalización. En muchísimas carreras laborales de nuestro país que necesitan menor cualificación que la nuestra se encuentran convenios laborales más ventajosos para alguien que ha dedicado 13 años de duro trabajo al máximo nivel.

Pero hay más consecuencias: según comenta CSIF, el gobierno quiere que los contratos indefinidos que se firmen sean laborales, intentando además eliminar en los OPIs la figura del Científico Titular. Esto, unido a la propuesta del Ministerio de Universidades de crear figuras de profesor titular y catedrático laborales en su nuevo estatuto, augura lo peor: sólo hay que ver las dos propuestas conjuntamente para darnos cuenta de que desde este gobierno se está apostando de manera fuerte y planificada por una desfuncionarización del personal investigador y docente universitario, algo que elimina la neutralidad tan necesaria de esas figuras en la esfera pública y precariza al sector, facilitando su despido y los recortes. Nos preguntamos si además esta desfuncionarización planificada de la ciencia y la educación superior no responde a un objetivo último de desmantelamiento del sistema público de ciencia y universidades: otros gobiernos anteriores han optado por ahogar presupuestariamente a la ciencia y parece que este gobierno lo que quiere es consolidar jurídicamente la precariedad con propuestas que buscan desfuncionarizar a profesores e investigadores para que vayan languideciendo estas instituciones con el paso de los años hasta que finalmente desfallezcan. Desde FJI creemos que la solución es la contraria: es necesario facilitar la funcionarización del personal investigador en los OPIs y universidades públicas, precisamente para garantizar la neutralidad del personal docente e investigador de instituciones públicas.

2. Pacto por la Ciencia: palabras vacías sin medidas concretas


El Pacto por la ciencia propuesto por el gobierno no puede estar más alejado del compromiso firmado por representantes de todos los partidos políticos en el manifiesto propuesto tras la Marcha por la Ciencia de 2019. Debido a su carácter breve y poco conciso, da una imagen de carta de buenas intenciones más que la hoja de ruta con medidas concretas que debería ser. También se aleja enormemente de las propuestas que los propios partidos del gobierno incluyeron en sus últimos programas electorales, suponiendo de nuevo una oportunidad perdida para mejorar las condiciones de precariedad existentes en un sector tan importante para la sociedad como es la investigación.
El segundo punto del pacto, destinado a la gestión por parte de las entidades financiadoras, carece de medidas concretas que garanticen los recursos y la independencia de dichas entidades. Y lo mismo ocurre con el tercer punto, en el que se incluye la consolidación de una carrera científica estable: si es la propuesta analizada en el punto anterior de este informe, no supone ninguna solución a los actuales problemas del personal investigador postdoctoral.

3. Un Estatuto PDI sin contar con los investigadores postdoctorales


Una de nuestras demandas como federación es un estatuto que blinde jurídicamente nuestros derechos, tal y como se ha hecho con el personal predoctoral en el EPIPF. Lamentablemente no encontramos respuesta a esto por parte del gobierno: por un lado, el Ministerio de Ciencia hace caso omiso de nuestra propuesta de crear un Estatuto del Personal de Investigación que ponga fin a toda nuestra precariedad y que avance hacia la reducción del tobogán de exulsión de mujeres que supone la etapa postdoctoral, así como el techo de cristal; por otro, y a diferencia de lo que ocurrió con el estatuto de los predoctorales, el Ministerio de Universidades se niega a darnos una reunión a los jóvenes investigadores para discutir su propuesta de Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), que va ya por su cuarto borrador. Esto último clama al cielo, puesto que los postdoctorales son los que engrosan la ‘I’ que refiere al personal investigador en el Estatuto PDI.

En definitiva, este gobierno ningunea e ignora al personal postdoctoral, diseñando propuestas que nos afectan negativamente sin contar con nosotros. Articulan medidas que, como hemos demostrado, no es que no mejoren nuestra situación actual sino que en algunos casos la empeoran, ignorando otra vez las principales demandas del colectivo postdoctoral.

Reiteramos que las soluciones a las necesidades principales del colectivo postdoctoral están definidas y ofrecidas en nuestros informes, ya que desde la FJI hay una propuesta completa de carrera investigadora, de estatuto y de subida salarial que podría suponer un antes y un después para el personal investigador de este país. No entendemos por qué, habiendo trabajado en una propuesta de carrera investigadora y un aumento salarial que está a su disposición, este gobierno no quiera tendernos la mano y poner fin de una vez por todas a nuestra precaria e injusta situación.

4. Problemas de disparidad salarial en las ayudas de los Ministerios de Ciencia y Universidades: necesitamos con urgencia un EPI (Estatuto del Personal de Investigación).


En lugar de focalizar sus esfuerzos en generar un Estatuto del Personal de Investigación que incluya a todo el personal investigador postdoctoral y técnico, las propuestas que se están realizando no dejan de ser más que parches que quedan muy bien como titulares pero que, a la hora de la verdad, no suponen mejoras reales para los investigadores. Un ejemplo claro de estos parches que no solucionan nada son, por un lado, la subida salarial por parte del Ministerio de Ciencia de la convocatoria de 2020 de Juan de la Cierva y Ramón y Cajal y, por otro lado, los salarios de las nuevas ayudas del Ministerio de Universidades.

Alguien podría preguntarse que cómo es posible que una subida salarial puede ser un problema. Esa subida del 5% en la convocatoria de 2020 es un problema serio por dos razones: primero, porque es insuficiente; segundo, porque es desigual. Los investigadores Ramón y Cajal y Juan de la Cierva que obtengan sus contratos con la convocatoria de 2020 tendrán un salario con una subida de un 5% con respecto a los salarios de sus compañeros con los mismos contratos de convocatorias de años anteriores (2019, 2018, 2017, etc.). Esto crea una desigualdad salarial indecente e inaceptable para la misma ayuda postdoctoral, que diferencia salarios por convocatoria. Esto es debido a que la subida se va a aplicar únicamente a los que acaban de recibir esa ayuda, dejando de lado a los investigadores que ya la tenían en convocatorias de otros años y que por lo tanto acumulan mayor experiencia. ¿Cómo es que nadie en el Ministerio de Ciencia ha podido darse cuenta de tamaño agravio comparativo ni de lo que va a ocurrir en unos meses cuando se resuelva la convocatoria de 2020?

Pasemos a la otra medida del gobierno que va aumentar todavía más la disparidad salarial. Las nuevas ayudas que se han propuesto desde el Ministerio de Universidades (Margarita Salas, María Zambrano y Recualificación del PDI) también suponen una discriminación salarial enorme, ya que se producirán situaciones en las que los investigadores más jóvenes percibirán sueldos muy superiores a compañeros con mucha más experiencia o con exactamente la misma simplemente por recibir su salario de una convocatoria distinta.

En definitiva: para complicar más la situación actual y en lugar de dotar de más plazas a las convocatorias Juan de la Cierva, el Ministerio de Universidades ha sacado unas ayudas que son un espejo de las actuales: las Margarita Salas son un espejo de las Juan de la Cierva Formación (con posibilidad de ir al extranjero) y las María Zambrano son un espejo de las Juan de la Cierva Incorporación. ¿Cuál es la diferencia? __Que en las ayudas del Ministerio de Universidades se cobra más, lo que aumenta el problema de la disparidad salarial, de ahí que alguien con la misma experiencia que sus compañeros perciba un salario mayor simplemente por cobrar de una convocatoria distinta.
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Pongamos un ejemplo: para conseguir una ayuda María Zambrano se habrían de satisfacer los mismos requisitos de experiencia que para una ayuda Juan de la Cierva Incorporación (una trayectoria postdoctoral acumulada no inferior a 24 meses). Ambos contratos durarán lo mismo y las tareas laborales serían similares en los dos. Pero, simplemente por estar financiadas por dos ayudas distintas, los que reciban una ayuda María Zambrano disfrutarán de 4.000 euros brutos mensuales frente a los Juan de la Cierva Incorporación, que cobrarán prácticamente la mitad. Lo dicho: en lugar de arreglar algo, el Ministerio de Universidades está creando más problemas con sus ayudas a base de hurgar en la herida de las desigualdades salariales.

Volvemos a preguntarnos cómo es posible que nadie en el Ministerio de Universidades se haya dado cuenta de esta injusticia salarial. Y si se han dado cuenta, ¿cómo se atreven a complicar más la situación? ¿Por qué el Ministerio opta por el marketing y la publicidad de titulares que anuncian unas pocas ayudas nuevas con dotación mucho mayor a las ya existentes en lugar de centrarse en ordenar el caos actual? Sea por ignorancia o por maldad, el daño es igualmente grave y demuestra que el objetivo final del gobierno no es mejorar las condiciones laborales del conjunto del personal investigador a largo plazo.

Lo más triste de esto es que, con la presentación de las ayudas espejo a las actuales Juan de la Cierva del Ministerio de Universidades que además vienen con un salario mayor, queda claro que siempre ha sido posible aumentar el número de ayudas postdoctorales actuales del plan nacional y aumentar a su vez la dotación de las mismas, algo que hemos pedido no solo desde FJI, sino desde otros organismos como la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas o diversos sindicatos. Esto, más que una medida que sirva de ayuda al personal investigador postdoctoral, parece una broma de mal gusto a un colectivo que lleva demandando más contratos y mejores salarios desde hace varios años. No entendemos esta cadena de despropósitos que tanto daño van a hacer al personal postdoctoral.

Estas desigualdades salariales que se dan actualmente y se fomentan desde el gobierno surgen únicamente por la falta de un Estatuto del Personal de Investigación como el que demandamos, que equipare y garantice el poder adquisitivo de nuestros salarios de manera similar a como se hace en el estatuto de los investigadores predoctorales. A diferencia de los predoctorales, los investigadores postdoctorales no tienen un estatuto propio que garantice salarios dignos. Esto demuestra el nivel de dejadez y desdén con el que han tratado y tratan nuestros gobiernos a este sector. Este estatuto tan ansiado y necesario, que venimos reclamando desde hace años, sería la base de la solución de muchos de los problemas existentes en la carrera investigadora actual. Un estatuto como el que pedimos eliminaría las desigualdades salariales y crearía las condiciones óptimas para desarrollar un sistema i+D+I robusto en el largo plazo sin precarizar el trabajo del personal investigador que lo hace posible.

Mientras tanto, proponemos que un uso más eficiente y razonable de los recursos económicos sería utilizar el importe de los contratos temporales anunciados por el Ministerio de Universidades que actualmente son callejones sin salida, pues son contratos temporales, para estabilizar a los postdoctorales que encadenan varios años de trabajo temporal. Por ejemplo, un/a investigador/a Juan de la Cierva Incorporación que acabe ese periodo suele contar con al menos 10 años de contratos temporales entre el periodo predoctoral y postdoctoral. El uso de recursos para investigación y educación superior no debe ser para hacer cambios cosméticos, sino para abordar los problemas urgentes que tantas veces se han reclamado, como el actual cuello de botella, la temporalidad de la carrera investigadora, la atracción de talento sin compromiso de estabilización y la falta de relevo generacional .

5. Conclusión
Analizando en conjunto todas las medidas que ha propuesto por el momento el gobierno de coalición, tenemos que afirmar que es simplemente increíble ver un paquete de propuestas tan desastroso, que no solo no soluciona nuestros problemas, sino que además los agrava.

¿Cómo un gobierno supuestamente progresista se atreve ni siquiera a plantear unas medidas como éstas? ¿Por qué se opta por la celeridad de llevar a cabo todas estas propuestas durante el estado de alarma y sin contar con la opinión de los Jóvenes Investigadores, que somos quienes vamos a sufrir las consecuencias? ¿Por qué se apuesta tan fuertemente por la desfuncionarización del personal docente universitario e investigador? ¿Por qué nos dan la espalda ahora a los más vulnerables de todo el sistema investigador si nosotros precisamente tenemos la receta (mostrada a través de informes y comunicados a lo largo de estos últimos años) para poder solucionar todos los problemas que proponen?

Hacemos un llamamiento al gobierno para reunirnos conjuntamente con el Ministerio de Ciencia y el de Universidades con el fin de solucionar todos estos problemas, pero además queremos hacer un llamamiento al resto de asociaciones, sociedades científicas, sindicatos y demás agentes sociales para coordinar nuestras acciones con el fin de detener estas medidas y articular conjuntamente con el gobierno unas soluciones que de verdad satisfagan lo que venimos demandando desde hace años por parte de la Federación de Jóvenes Investigadores y otros agentes sociales.


Comisión de Documentación, Federación de Jóvenes Investigadoras – Precarias.
10 de marzo de 2021