El pasado sábado 19 de octubre Madrid fue testigo de una Marcha por la Ciencia organizada por la asociación INNOVA-Salamanca y la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios), de la que INNOVA forma parte. Apoyaron la Marcha una amplia variedad de sindicatos, sociedades científicas, asociaciones y plataformas. La demanda principal de la Marcha fue que la inversión pública destinada a la Ciencia alcance el 2% del PIB español y que este se refleje mayoritariamente en las partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dedicadas a financiar proyectos y contrataciones (reduciendo a su vez las de créditos/préstamos, ya que generalmente no se ejecutan). Actualmente, en nuestro país la cifra apenas llega al 1,2%, lo cual está por debajo de otros países de nuestro entorno y de la recomendación de la Unión Europea (que instaba a que llegaran al 3% para 2020). Investigadores y ciudadanos de a pie vinieron desde diferentes puntos de España para pedir al gobierno mucho más que un aumento de la inversión en Ciencia. Reclamaban un Pacto de Estado por la Ciencia que incluya además una Carrera Investigadora clara y estable, unos salarios dignos y un Estatuto del Personal de Investigación, que incluye investigadores, técnicos y gestores (algo que lleva exigiendo FJI/Precarios desde la publicación de Ley de la Ciencia de 2011).
Tras la Marcha, se produjo un acto decisivo para el futuro próximo de este país: representantes de una amplia mayoría de las fuerzas políticas estatales (PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, Más País y Recortes Cero) firmaron el manifiesto de la Marcha por la Ciencia, dejando así por escrito su compromiso para llevar a cabo un Pacto de Estado por la Ciencia en la próxima legislatura. Su compromiso ha quedado por escrito y eso nos impulsa como jóvenes investigadores a instar a los políticos a que cumplan su palabra antes de los próximos cuatro años . Ya no se puede retrasar más la profesionalización de la investigación en España, cuyos ejes son los siguientes:

  1. En primer lugar, es esencial implementar una carrera laboral para los investigadores, inexistente a día de hoy: necesitamos una Carrera Investigadora digna que nos provea de puestos de trabajo estables, salarios decentes y continuidad para llevar a cabo nuestro trabajo. Actualmente, los investigadores vivimos dando tumbos entre la cola del paro y los contratos postdoctorales de corta duración en España o el extranjero. Esto imposibilita el correcto funcionamiento de la investigación, que es una tarea a largo plazo que requiere de estabilidad financiera, laboral y salarial. En el ámbito profesional no podemos llevar a cabo nuestros proyectos por falta de financiación y, en el ámbito personal, resulta imposible formar una familia dada la precariedad laboral que incluye unos salarios tan bajos. Los investigadores Juan de la Cierva han perdido un 17% de poder adquisitivo en la última década y los Ramón y Cajal han perdido hasta el 21% según nuestro informe publicado en 2018. Nuestro primer trabajo estable llega con 40 o incluso 50 años. Además, las pocas vías de estabilización que existen suelen estar ligadas a una carrera docente universitaria en lugar de a figuras de investigador/a. Por ello, propusimos en otro informe reciente un modelo de Carrera Investigadora regulado a través de un Programa Estatal de Carrera Investigadora (PECI) que permita una continuidad entre contratos, proporcionando un horizonte laboral claro cuyo fin sea la estabilización, un aumento de los salarios y un Estatuto del Personal de Investigación (EPI).
  2. La legislatura anterior fue testigo del nacimiento del Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF), que regula insuficientemente los derechos laborales del personal investigador en formación. Pese a que los investigadores postdoctorales tienen más experiencia, se da la paradoja de que actualmente es el personal predoctoral quien disfruta de más derechos laborales: el personal postdoctoral carece de un estatuto, a veces no entran en los convenios colectivos, sus salarios no se actualizan conforme al IPC y sus centros no suelen tener categorías para ellos en sus tablas salariales. Esto convierte inevitablemente al texto de la convocatoria de su contrato en el último garante de sus derechos y sus salarios. Por ello, es necesario un Estatuto del Personal Investigador que profesionalice la investigación de la siguiente manera: dividiendo las etapas de la Carrera Investigadora en categorías con un salario acorde y homogéneo entre instituciones y convocatorias, promoviendo la estabilización, especificando mecanismos de promoción, regulando las bajas laborales, permitiendo que se cobren complementos como los sexenios de investigación y, en definitiva, conquistando y asegurando derechos laborales y salariales de todo tipo. En la actualidad, los investigadores postdoctorales (sin carrera laboral y sin estatuto que garantice sus derechos) son trabajadores de segunda que reparten su tiempo entre contratos precarios y la cola del paro, sin posibilidad de tener una residencia habitual o formar una familia. Esto tiene que acabarse ya.
  3. Toda esta profesionalización de la investigación no se podrá llevar a cabo sin una financiación adecuada. Si queremos que los investigadores tengan un salario digno, un trabajo estable y una financiación regular, la inversión en investigación tiene que aumentar, como mínimo y de forma urgente, hasta el 2% del PIB. Así, nos acercaremos a la inversión media europea, siempre que se destine el grueso de ese porcentaje a financiar proyectos de investigación y contrataciones con salarios dignos, no a préstamos que se quedan sin ejecutar

En conclusión, es responsabilidad autoimpuesta de los grupos políticos que han firmado su compromiso por el Pacto de Estado de Ciencia que la siguiente legislatura sea la Legislatura de la Ciencia en España. Este compromiso supone un punto de no retorno: los políticos ya no pueden huir ni esconderse, tienen que mirar a la cara a los investigadores de este país y cumplir su palabra antes de los próximos cuatro años. Los investigadores no podemos seguir siendo trabajadores de segunda ni podemos comenzar a trabajar y vivir dignamente a los 40. España no puede seguir estando a la cola de la ciencia en Europa ni puede permitir dejar escapar al próximo Ramón y Cajal.