Durante estos días, muchos son los medios de comunicación que quieren recordar este 2017 como el primer año de la recuperación económica. Sin embargo, esta recuperación de la que presume nuestro gobierno no se aprecia en I+D+i, cuya inversión continúa en retroceso y solamente supone un porcentaje del 1,19 % sobre el PIB, cada vez más lejos de la media europea (2,3%). Además, la falta de una política sólida y estable de I+D+i impide que los investigadores puedan planificar su carrera. Los recortes acumulados desde 2009, junto con el envejecimiento de la actual plantilla en OPIs y universidades, han propiciado la mal llamada “‘fuga de cerebros” o que muchos jóvenes hayan abandonado definitivamente la carrera investigadora.

Desde que comenzaron los recortes estatales en investigación, la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI)/Precarios ha denunciado reiteradamente la terrible situación en la que se encuentra la ciencia española y ha propuesto diferentes alternativas. Este año hemos iniciado varias negociaciones con el Gobierno para lograr mejoras en las condiciones laborales de los investigadores predoctorales. La primera de ellas comenzó en febrero, cuando a varios predoctorales se les denegó la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) debido al cambio de código de sus contratos, que pasaban de clasificarse como contratos por obra o servicio (código 401) a contratos en prácticas (código 420), un cambio realizado sin previo aviso que suponía la pérdida de derechos laborales y llevó a movilizaciones exigiendo su rectificación. Tras varias reuniones con la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (SEIDI) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), se acordó que los contratos volverían a tener el código 401 y se comprometieron a crear un nuevo código específico para los contratos predoctorales. Pero toda esta negociación solamente resuelve un problema generado por la propia Administración, por lo que no supone avances reales en las condiciones laborales de dichos investigadores.

A raíz de este conflicto, se puso en evidencia el limbo legal en el que se encuentran los contratos de investigación y las paupérrimas condiciones laborales del personal investigador, mostrando que incluso los contratos postdoctorales más prestigiosos –como los Contratos de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación– son contratos en prácticas. También se evidenció que la SEIDI incumple la Ley de la Ciencia desde 2014, al no haber pactado un nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) dentro del plazo establecido. Con el fin de impulsar la elaboración de este nuevo EPIF, desde la FJI/Precarios hemos iniciado negociaciones con la SEIDI, la AEI y otros colectivos predoctorales y sindicatos. Hasta la fecha, se ha redactado un borrador que, aunque refleja algunos avances, todavía muestra carencias. Por ello, seguiremos participando activamente en estas negociaciones para alcanzar acuerdos que supongan mejoras reales en los derechos laborales de los investigadores a lo largo del próximo año.

Durante este año la FJI/Precarios ha llevado a cabo una continua actividad de denuncia sobre diversas situaciones que han afectado a los investigadores. Este es el caso de la última convocatoria apresurada de ayudas para la Formación de Profesorado Universitario, el incumplimiento de programas de contratación de investigadores por la Junta de Andalucía o la supresión de las ayudas para másteres de la Junta de Castilla y León sin previo aviso ni explicación. También denunciamos los nuevos criterios de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que se endurecen notablemente en un país en el que investigar es más difícil que nunca. Esto tendrá como consecuencia una falta de profesorado acreditado que lleve a una precarización de la universidad y un descenso en la calidad docente e investigadora. Un ejemplo de ello son las continuas protestas del profesorado interino de las universidades andaluzas frente a las lamentables condiciones laborales, y las dificultades para acreditación y promoción. La última hoy, 20 de diciembre, frente al Parlamento Andaluz.

Consideramos que la comisión de I+D+i, creada el pasado 13 de diciembre en el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los grupos, debería recuperar la Carta por la Ciencia impulsada por FJI/Precarios y articular el debate para conseguir un Pacto de Estado por la Ciencia que permita tanto aumentar la financiación de la investigación como la estabilidad laboral de investigadores, equiparándonos al resto de países de nuestro entorno. Deseamos que esta comisión no se quede solo en enérgicos discursos y buenas intenciones. Que este sea el próximo objetivo que la FJI/Precarios cumpla en 2018, en el que nuestra Federación celebra su 18 aniversario.