Durante la presentación del informe-memoria anual de 2006, Vieira planteó como instrumento para descongestionar el “exceso de carga de trabajo” de los juzgado la creación de “ayudantes” para labores que puede hacer “cualquier persona con un mínimo de conocimientos jurídicos”. Para esta tarea el Presidente de la Audiencia Provincial propuso “que quizás podrían ser estudiantes de
doctorado”.

Precarios-Madrid rechaza la idea planteada que menoscaba la labor realizada por los jóvenes
investigadores que trabajan en el área de las Ciencias Jurídicas. Estas declaraciones ponen de manifiesto, una vez más, el total y absoluto desconocimiento que las autoridades, gubernativas y judiciales, tienen de la situación de la Ciencia en España. Según la Carta Europea del Investigador 1, los estudiantes de doctorado han de ser considerados como investigadores, a quienes ha de proporcionarse todo el apoyo necesario para el desarrollo de la Carrera Investigadora, lo que no se lograría, en modo alguno, realizando labores de “ayudantes de magistrado”.

En la actualidad son muchas las entidades: universidades, organismos públicos de investigación, ministerios, comunidades autónomas, empresas etc. quienes vulneran la legislación vigente ofreciendo becas de formación o investigación que enmascaran auténticos puestos de trabajo lo que
supone un fraude social y la agresión de los más elementales derechos laborales de los trabajadores. Si, ahora, el poder judicial se suma al listado de instituciones que incumplen la ley ¿a quién vamos a pedir amparo los trabajadores y becarios?

Desde Precarios-Madrid, como parte integrante de la Federación de Jóvenes Investigadores
( http://www.precarios.org ) y de la Coordinadora Europea de Doctores y Doctorandos ( http://www.eurodoc.org ), exigimos una rectificación pública del Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, D.Francisco Javier Vieira, retractándose de la idea de que sean investigadores o estudiantes de doctorado los que realicen tareas que, en cualquier caso, han de estar encomendadas a los funcionarios de la Administración de Justicia y no a becarios o estudiantes. Asimismo, abogamos porque las instituciones públicas se comprometan a aplicar la Carta Europea del Investigador y proporcionen el debido grado de seguridad labora a todos los trabajadores de la Ciencia en España.

[1] La Unión Europea en su "Carta del Investigador y Código de Conducta para la Contratación de Investigadores" (2005/251/CE; http://europa.eu.int/eracareers/europeancharter ) considera a los investigadores como profesionales desde el momento en que comienzan las investigaciones conducentes a la obtención del grado de doctor y, como profesionales deben gozar de los derechos laborales correspondientes, y debe facilitarse medios para el adecuado desarrollo de su profesión.