HISTORIA DE UNA PROPOSICIÓN DE LEY: “EL LARGO Y TORTUOSO CAMINO HACIA LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS LABORALES PARA JÓVENES INVESTIGADORES”
Salomón Aguado Manzanares
Actuario e Investigador – Universidad Politécnica de Madrid
Coordinador de la Comisión Jurídica de la Federación de Jóvenes Investigadores
Introducción
Ha sido largo y tortuoso el camino que nos ha traído hasta aquí. Se inició hace más de nueve años cuando miles de jóvenes investigadores en fase inicial (predoctorales) y en fase experimentada (doctores) fueron conscientes del desamparo jurídico y social en el que se encontraban. Un limbo difuso existente en España en cuanto a la regulación de lo que es una actividad productiva: la generación de conocimiento en el ámbito de la I+D+i.
La ambigüedad legislativa, así como los escasos escrúpulos empresariales e institucionales para ahorrarse costes sociales y vinculación laboral, ha llevado a que cientos de miles de titulados universitarios(1) pasen etapas que oscilan entre unos meses y varios años trabajando sin contrato laboral y sin cotizaciones sociales, siendo financiados mediante becas que, disfrazadas de actividades formativas, encubren claras relaciones laborales.
El encubrimiento de puestos de trabajo mediante becas se ha extendido en los últimos veinte años y ha contaminado todo el mercado laboral. Esto se debe, principalmente, a la imposibilidad real de vigilar esta forma de empleo sumergido y de fraude a la Seguridad Social sin una colaboración estrecha de los afectados. Aun así, la Inspección de Trabajo ha sido capaz de destapar la existencia de “becarios” que realizan tareas productivas en Empresas, Entidades Financieras, Instituciones Públicas y, por supuesto, Universidades y Centros de Investigación. Trabajadores, al fin y al cabo, por los que no se cotiza a la Seguridad Social, y que carecen de los más mínimos derechos laborales y de la imprescindible protección social.
A pesar de la gravedad de este problema, ninguno de los Gobiernos de los últimos veinte años se ha preocupado por modificar la trasnochada normativa vigente que afecta a la gran mayoría de los recién titulados universitarios españoles. La excesiva ambigüedad en la regulación de las prácticas formativas en empresas (RD 1947/81 y RD 1845/91) ha propiciado un fraude millonario asociado al uso de becas como medida de inserción laboral. Por tanto, es urgente una reforma de la legislación vigente, con el fin de definir de forma precisa y sin ambigüedades cómo debe ser este marco, para evitar así situaciones como las mencionadas.
Origen de la Proposición de Ley de Andalucía (PL-A)
En este contexto, la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI-Precarios) ha venido denunciando esta precaria situación laboral en el ámbito de la Investigación desde su fundación en el año 2000. Han sido muy diversas las iniciativas parlamentarias que se han impulsado desde FJI-Precarios, ya sea en el Congreso de los Diputados o en los diversos Parlamentos Autonómicos. Sin duda alguna, la iniciativa que más recorrido y repercusión ha tenido y puede tener es la Proposición de Ley 6-03/PPPL-000001 del Parlamento de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía el 20 de noviembre de 2003.
Esta historia no nace ni en 2003, ni en el Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento de Andalucía, ni siquiera en Sevilla o en Andalucía. El origen de todo esto se sitúa al otro extremo de la Península, a más de 850 kilómetros, en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón. En octubre de 2001, el grupo parlamentario de Izquierda Unida de Aragón presenta la primera iniciativa con carácter de Proposición de Ley de nuestra historia, en la que se promueve la modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social para la inclusión dentro del artículo 97.1 de “los titulados universitarios que desempeñen la función de personal de investigación”. Esta iniciativa es tomada en consideración en diciembre de 2001, y sin que se presentasen enmiendas fue aprobada el 12 de abril de 2002 por el Pleno de las Cortes de Aragón; en mayo, fue admitida a trámite por la Mesa del Congreso, y el 10 de diciembre de 2002 fue debatida en el Pleno del Congreso de los Diputados. El resultado, 135 votos a favor, una abstención y 158 votos en contra. El rodillo de la mayoría absoluta de la VII Legislatura del Partido Popular sirvió para rechazar la que fue primera iniciativa de ley para el reconocimiento laboral de los jóvenes investigadores.
No pasaron ni dos meses, cuando el 12 de febrero de 2003, el grupo Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) volvía “a la carga” y presentaba por segunda vez una Proposición de Ley similar a la que acababan de tumbar en el Congreso. De esta forma comenzó la Proposición de Ley de Andalucía (PL-A) “el largo y tortuoso camino de conquista de los derechos laborales para los jóvenes investigadores”.
Durante el período de enmiendas, IULV-CA presentó la que hasta el momento ha sido única modificación propuesta: -1- la aplicación, previa acreditación desde 1998; -2- el estudio sobre la situación de los becarios desde 1992; y -3- el añadido de un párrafo al artículo 97 para que los investigadores tengan todos los derechos sociales. Esta aclaración se produce, en palabras del Portavoz de IULV-CA, Antonio Romero, “para evitar fisuras e ingenierías fiscales o sociales”. Con estas matizaciones, la PL-A fue dictaminada y debatida en el Pleno del Parlamento el xxx de diciembre de 2003. Si en 2002 el PP utilizó, entre otros argumentos, la excusa de la inminente aprobación del Estatuto del Becario(2), en esta ocasión esto le sirvió para abstenerse. Finalmente, fue aprobada con el respaldo del PSOE-Andalucía, IULV-CA, Partido Andalucista y Grupo Mixto, y la abstención del Partido Popular.
Primer intento de tramitación en el Congreso
El 4 de diciembre de ese mismo año, la Mesa del Congreso acuerda la admisión de la PL-A; desde ese instante pasará a denominarse como iniciativa 125/42(3). La composición de la VIII Legislatura (2004-2008) fue muy distinta a la que debatió la iniciativa de las Cortes de Aragón, en diciembre de 2002. En una de las primeras reuniones de la Mesa de la Cámara, se toman las iniciativas anteriores; de esa manera, el 13 de abril de 200, se acuerda admitir a trámite la PL-A, que en esta ocasión se codificaría como 125/14. El ritmo de tramitación de las Proposiciones de Ley provenientes de los parlamentos regionales es de una al mes, y aunque suele respetarse el orden de prelación, se producen algunas excepciones. De esta forma, la proposición de modificación del Estatuto de Autonomía del País Vasco, más conocida como "Plan Ibarretxe", fue debatida antes que la PL-A.
Tras las Elecciones General de 2004, el PSOE dio un giro espectacular a sus ganas de tramitar la PL-A. Tan notorio cambio tiene reflejo en el Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón, donde el 24 de junio de 2004 se debatía, por tercera vez a iniciativa de Izquierda Unida, una Proposición de Ley idéntica a la apoyada años atrás. Desafortunadamente, fue ampliamente rechazada: diez votos a favor, de Izquierda Unida de Aragón y la Chunta Aragonesista; ninguna abstención, y cincuenta y cuatro votos en contra (Partido Popular, Partido Aragón Regionalista y Partido Socialista Obrero Español). Si FJI-Precarios ya sabía que el trámite sería largo, se ponía de manifiesto que el camino sería tortuoso.
La presión sobre el Ministerio de Educación y Ciencia, dirigido por la profesora María Jesús Sansegundo, y el PSOE es continua. Las referencias a las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero diciendo que “los investigadores son trabajadores”, y que “son los poderes públicos los que tienen que dar ejemplo”, se repiten. La promesa socialista de derogar el Estatuto del Becario y sustituirlo por una verdadera regulación para todos se convierte en el único clavo al que agarrarse.
El acoso es tan evidente que el Secretario de Estado, Salvador Ordóñez, durante las III Jornadas de Jóvenes Investigadores celebradas en Valencia en 2005, filtra el borrador del texto, un infame documento que pone a todos en pie de guerra; la manifestación es un hecho, y el 17 de junio de 2005 miles de investigadores de toda España son llamados a movilización. Desde Presidencia del Gobierno hacen lo posible para evitarlo. Ordóñez es obligado in extremis a firmar un acuerdo con FJI-Precarios: el germen del Estatuto del Personal Investigador en Formación. Este acuerdo no significó un cambio en el PSOE, todo lo contrario, y durante 2006 las negociaciones con los grupos parlamentarios para impulsar la PL-A se intensifican.
La traición andaluza y el manifiesto "Por la dignidad".
La inestable situación parlamentaria da lugar a la esperanza. Las continuas reuniones con el Grupo Popular propician su cambio de actitud; Eugenio Nasarre y Ana Pastor muestran públicamente su apoyo a la PL-A. Además, en Madrid, Esperanza Aguirre acaba de publicar el 0+4. Convergencia i Unió (CiU), clásico apoyo parlamentario, está en la oposición en Cataluña, tras el tripartito que alza a Maragall como President, y no van a sostener a Zapatero; votarán a favor de la PL-A. Los otros grupos parlamentarios -Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Gallego, Chunta Aragonesista e, incluso, hasta el Partido Nacionalista Vasco- son favorables. La PL-A ya tenía fecha: el 4 de abril de 2006, llegaría al Congreso. Cinco días antes se entregaron más de 10.000 de firmas en el Congreso a favor de la iniciativa. Aunque parecía que el final estaba cerca, el PSOE no lo iba a permitir.
La semana previa a la toma en consideración, se celebraron muchas reuniones para consolidar la opinión de los grupos parlamentarios, pero había una rara sensación. Veinticuatro horas antes de que llegara al Congreso, se reúne con carácter de urgencia, a petición del PSOE-Andalucía, la Mesa del Parlamento andaluz, para solicitar la paralización de la iniciativa. Los propios diputados andaluces desconocen la iniciativa: José Manuel Mariscal (IU), José Luis Blanco (PSOE-A) y Ana Mª Corredera (PP) se presentan en Madrid a defender una Proposición que estaba siendo abortada desde Sevilla. El voto ponderado de ese órgano otorga al PSOE-A mayoría absoluta; con toda la oposición en contra, logran evitar la que hubiese sido primera derrota del Gobierno Zapatero(4).
La promulgación del EPIF en contra del acuerdo firmado(5), la “puñalada por la espalda” de la PL-A y el inmovilismo del Gobierno provocan la indignación del colectivo de jóvenes investigadores, que el 20 de mayo de 2006 se manifiestan ante la sede del Congreso de los Diputados y del Ministerio de Educación y Ciencia, al frente del que se encuentra Mercedes Cabrera. Asistieron más de 2.500 personas y se recogieron más de 10.000 adhesiones al manifiesto “Por la dignidad en la investigación”.
Por fin en el Congreso.
El revés sufrido por el aplazamiento incide en los ánimos de la FJI-Precarios, y la PL-A cae en el olvido. Existe cierta confusión sobre la continuidad de la iniciativa, que no se despeja hasta febrero de 2008, en las VI Jornadas de Jóvenes Investigadores celebradas en Granada. Santiago González (Sindicato USO) recuerda en su conferencia que la PL-A sigue viva. Un acuerdo del 21 de enero de la Mesa del Congreso traslada a la IX Legislatura la Proposición de Ley 125/14. Se abre una puerta a la esperanza
El 2 de abril de 2008, con una nueva composición parlamentaria, la Mesa de la Cámara admite a trámite, por tercera vez en su historia, la PL-A, que vuelve a cambiar de numeración y ahora se conoce como iniciativa 125/02.
A partir de ese momento, la FJI-Precarios contactó con los grupos parlamentarios para que apoyaran la PL-A. Durante esas reuniones, diversos rumores (incluso provenientes de la propia Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados) apuntaban a la posibilidad de que el Parlamento andaluz tenía intención de retirarla, otra vez, antes de ser tomada en consideración. Además, se llevó a cabo una campaña de difusión y información sobre la PL-A con el fin de que toda la sociedad y todo el colectivo investigador conociera la importancia de su aprobación y las graves deficiencias que subsanaría.
Paralelamente, y en las fechas próximas a la toma en consideración de la PL-A en el Congreso, la FJI pidió individualmente a todos los diputados su voto a favor de esta iniciativa, enviándoles a cada uno una carta abierta(6) con copia a los medios de comunicación. Finalmente, y con el apoyo explícito de todos los grupos parlamentarios, el 16 de septiembre de 2008 la Proposición de Ley 125/02 fue favorablemente tomada en consideración en el Congreso de los Diputados.
Ampliación ad infinitum del plazo de enmiendas.
Sin embargo, no es este el final del camino. La FJI-Precarios ha estado reuniéndose con los distintos partidos políticos, primero para tratar de desbloquear la PL-A y, a principios de año, para tratar sobre las posibles enmiendas propuestas a esta ley. Por la materia de que se trata, esta iniciativa ha ido a parar a la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, donde espera junto con otras cuestiones a ser debatida. La estrategia del Grupo Socialista incide en la votación de la PL-A dentro del Pacto de Toledo, donde es posible que sea “un cromo a cambiar” con otros grupos parlamentarios.
El plazo de presentación de enmiendas, desde su tramitación el 13 de octubre del pasado año, ha sido ampliado en 29 ocasiones. A fecha de cierre de esta edición aún sigue ampliándose sine die. Tal es la situación de abandono por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE, que se convocó una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, con la colaboración de Izquierda Unida, en la que se exigía al parlamento la finalización del proceso y su debate en Comisión.
Debemos subrayar lo que su aprobación supondría para el sistema de Seguridad Social y para muchos investigadores, que verían reconocida su labor como trabajadores. Confiamos en que los grupos políticos, y especialmente el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, acomoden sus enmiendas a una mejor ejecución de los actuales contenidos de esta Proposición de Ley, y no lleven a cabo una maniobra política que destruya los sueños y la esperanzas puestas en esta iniciativa.
¿Qué puede suponer esta Proposición de Ley?
A día de hoy, se espera que la PL-A cubra los huecos dejados por el EPIF. Para ello, define un marco jurídico que favorece la contratación de todos los titulados universitarios que desempeñen actividades de investigación, al incluirlos en el Régimen General de la Seguridad Social con todos sus derechos y prestaciones, sin excepción. De esta forma, no existe margen para su incumplimiento, como sucede con el EPIF, y se otorgan derechos a todas las prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social, incluido el de desempleo y el de Protección en materia de Salud Laboral. La PL-A, además, tiene un efecto retroactivo; quienes fueron becarios desde 1998 tendrán derecho a percibir las cotizaciones a la Seguridad Social por el período de disfrute de su beca.
Cabe hacer un inciso a propósito de las cotizaciones, ya que se trata de un tema especialmente sensible en la actual coyuntura económica. De esta forma se evitaría que de forma subrepticia empresarios y administración buscasen una vía de escape a la contratación laboral. Recientemente, se anunció que las cotizaciones a la Seguridad Social habían caído por primera vez en más de diez años. Hace pocos días, el Secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, declaró que era necesario incorporar a colectivos como “los becarios” como cotizantes, con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social. Como suele decirse, “sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”. Para llegar a esta conclusión, han pasado decenas de años en los que centenares de miles de trabajadores han sido becarios, en los que miles de millones de euros fueron defraudados a la Seguridad Social.
La PL-A supone una respuesta en el campo de la investigación, sin olvidar que existen becarios en otras muchas actividades. No sólo propone la contratación, es decir, la cotización a la Seguridad Social, sino una reparación del daño causado a todos esos investigadores a los que no se permitió cotizar. En la situación actual, la aplicación retroactiva de esta Proposición de Ley no es algo que se pueda despachar a la ligera.
Se está preparando la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología y, desde el Grupo Socialista, se insiste en que sería innecesaria la PL-A. No es así. La Ley de Ciencia que prepara el Gobierno, según las propias declaraciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que dirige Cristina Garmendia, no acabará con el actual sistema de becas sin derechos laborales. Por lo tanto, la PL-A sigue siendo una normativa que pretende explícitamente evitar este fraude en el ámbito de la investigación. Es imprescindible su aprobación. Para ello, FJI-PRECARIOS ha iniciado la recogida de firmas on-line con las que refrendar las más de 10.000 suscripciones presentadas en el Congreso en 2006.
Una reflexión final: estamos hablando de una Proposición de Ley que ha tenido que esperar más de seis años para su tramitación; seis años de arduas negociaciones, largas reuniones para la FJI-Precarios con grupos parlamentarios, con cargos políticos y ministeriales (in)competentes en Investigación. Una ley que, sencillamente, concede derechos básicos a un grupo numerosísimo de trabajadores, y que provee a la Seguridad Social de una fuente de cotizaciones. ¿Cómo es posible que aprobar una ley así haya costado tanto esfuerzo? Dentro de poco sabremos si la política sabe bajar al plano de la sociedad.
Notas:
(1) “El sistema de becas en la primera inserción y su relación con el empleo” estudio realizado por Red2Red Consultores, y publicado en 2006 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. ISBN 84-8417-231-7.
(2) RD 1326/2003, de 24 de octubre por el que se aprueba el Estatuto del Becarios (BOE núm. 263 de 3 de noviembre)
(3) En la VII Legislatura esta iniciativa fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, núm. 372, así como en la serie D, núm. 662, de 17 de febrero de 2004. El número 125 identifica que se trata de una Proposición de Ley.
(4) Comunicado de Prensa de FJI-Precarios denunciando públicamente la situación http://www.precarios.org/dl438
(5) Célebres fueron las palabras del Secretario de Estado de Universidades e Investigación en su intervención durante las IV Jornadas de Jóvenes Investigadores “Madrid2006” en el que calificaba de insatisfactorio el EPIF. Meses después sería cesado, junto a toda la cúpula ministerial.
(6) http://www.precarios.org/tiki-index.php?page=Carta+a+Diputados+pidiendo+aprobaci%C3%B3n+de+la+PL-A
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