La ciencia en España nunca ha destacado por su buena salud. Los bajos presupuestos, la falta de planificación a largo plazo y la inestabilidad política del país, han hecho que la ciencia pase continuamente por alzas y bajas cíclicas que crean y a continuación destruyen todo el potencial creado, desperdiciando así la inversión pública realizada. La crisis del 2008 se llevó por delante puestos de trabajo y la mayoría de la inversión pública, afectando a los fondos destinados a sectores clave para el estado del bienestar, seguridad social, educación o investigación, lo que dejó al país en una situación de precariedad sin precedentes desde los años 70. En el caso de la investigación, esos problemas se multiplicaron, ya que las medidas tomadas supusieron recortes presupuestarios cercanos al 40% de la inversión total, dejando centros de investigación recién inaugurados sin apenas personal1 , sin la creación de nuevas plazas, infraestructuras obsoletas y miles de proyectos sin financiación. Desde entonces, la situación de la ciencia española no ha hecho más que agravarse. Esto se debe a la visión cortoplacista de los diferentes gobiernos, que neciamente han considerado la ciencia como un gasto y no una inversión, una mera máquina productora de resultados inmediatos. No hay que olvidar que los resultados científicos son, en realidad, la culminación de años de trabajo e inversión, lo que convierte a la ciencia en un bien de vital importancia, pero de maduración lenta. A pesar de la supuesta reciente mejora de la situación económica de España, todos los datos disponibles indican que esto no se ha visto reflejado en una recuperación de la ciencia, situándose la inversión en I+D+i actualmente en el 1,22% del PIB, frente al 1,4% alcanzado en 2009, el año siguiente a la crisis. Más grave aún es que los fondos dedicados a investigación por el gobierno central se redujesen del 0,5% al 0,25% de los Presupuestos Generales del Estado. Además, una gran parte de los recursos presupuestados no llegaron a materializarse al haber sido incluidos como activos financieros (cap. VIII de los P.G.E), los cuales, fueron ejecutados en menos del 20%, destinados básicamente a créditos empresariales y a los que no tuvieron acceso los grupos de investigación2 . En el caso de la empresas españolas, la inversión que realizan en I+D es poco más de la mitad del promedio de la Unión, con apenas un 0.65% del PIB frente al 1,3% de la UE.
Debido a éstas limitaciones económicas y como consecuencia de la baja tasa de reposición de plazas, los recursos humanos han experimentado un proceso progresivo de envejecimiento, con un promedio de más de 54 años en algunas universidades públicas o instituciones como el CSIC3 , y una precariedad inaceptable en las etapas previas a la estabilización, haciendo de la emigración de nuestros talentos, la única vía de desarrollar su actividad científica para muchos de los investigadores españoles.
La recuperación de un Ministerio con competencias en Ciencia era una propuesta largamente demandada por la comunidad científica. Sin embargo, sus resultados, aún con avances puntuales, no han cubierto las expectativas generadas y la ciencia no ha asumido una mayor visibilidad en la acción del gobierno.
Frente a esta situación, que muchos informes denuncian como irreversible, en los últimos años se han sucedido las movilizaciones de todos los actores implicados en la actividad científica: asociaciones de jóvenes investigadores, sociedades científicas y académicas, sindicatos y movimientos ciudadanos como la Marea Roja. Estos movimientos reflejan el malestar de la sociedad española ante el escaso protagonismo que tienen la ciencia y la tecnología en la conformación de un modelo de sociedad, conscientes de que supondría una ventaja competitiva de futuro, no sólo para los investigadores, sino para la sociedad en general.
Por todo ello, reclamamos un Pacto de Estado por la Ciencia que permita la estabilización de la investigación en el país, dotándolo de los medios básicos para el desarrollo de un nuevo modelo económico y social que nos haga más fuertes frente a las crisis venideras y permita el desarrollo de una independencia tecnológica, con una estrategia que facilite superar nuestra progresiva pérdida de recursos y recuperar el protagonismo internacional en el desarrollo económico y medioambiental. Un pacto real que se viene reivindicando desde hace años por todos los sectores implicados, pero que no se ha hecho efectivo por la incapacidad de ponerse de acuerdo los diferentes partidos políticos que deberían implantarlo. El impasse político se traduce en una inacción que no hace sino agravar la situación. Los programas electorales son muy fáciles de escribir, sobre todo si no piensan cumplirse. Las cuatro formaciones políticas mayoritarias prometieron y prometerán en esta nueva campaña entre un 2 y un 3% del PIB para la ciencia. Nos conformamos con alcanzar ese 2% al final de la próxima legislatura, frente a 3% de Austria y Alemania o el 2,1% en que se sitúa la media de la Unión Europea. Les pedimos que sean coherentes y firmen un pacto para asegurar una inversión que se supone que todos apoyan, de modo que el futuro y el desarrollo de este país puedan quedar garantizados.
Actualmente, las masivas movilizaciones en contra del cambio climático, son un buen ejemplo de la urgencia y la necesidad de una actividad científica clave en la generación de conocimiento y de soluciones a problemas centrales de nuestra sociedad. La innovación tecnológica está generando una nueva base material para nuestra sociedad en ámbitos clave como la energía, comunicaciones, inteligencia artificial y robótica o biomedicina. Estos cambios deberían ser inducidos por el avance científico y en base a la creación de una sociedad más justa e integrada. Por ello, deberían existir comisiones de expertos en las que los investigadores devolvamos parte de nuestra responsabilidad social, informando sin sesgos de las opciones más adecuadas al bien común.
Por todo ello, y ante la inminente campaña electoral, no podemos sino demandar a todos los partidos un esfuerzo real para alcanzar un consenso en torno a decisiones concretas a adoptar, como las reflejadas el Pacto por la Ciencia ya propuesto en 2004, y entre las que se incluyen:
Garantizar al final de la próxima legislatura y que se mantenga después, un mínimo del 2% del PIB en la inversión en I+D.
Garantizar la ejecución total de lo presupuestado en inversión en I+D dentro de los PGE incrementando la partida en capítulos 1 a 7 (operaciones no financieras), en detrimento de la del capítulo 8 (operaciones financieras), de modo que sólo se concedan créditos con alta probabilidad de ejecución y así conseguir la plena ejecución de la PG46 en PGE.
Un plan de choque para recuperar el nivel perdido de recursos humanos y la reducción de las edades medias de las plantillas de personal.
Asegurar la periodicidad y estabilidad de las convocatorias de proyectos y recursos humanos.
Mejorar las políticas de igualdad de género en la contratación de recursos humanos.
Elaboración del Estatuto del Personal de Investigación (investigadores, técnicos y gestores), que incluya la carrera profesional para todos los colectivos implicados.
Simplificación de la burocracia que limita el correcto desarrollo de los proyectos de investigación.
Reducción de la temporalidad del empleo de los investigadores y contratados.
Mejora de la movilidad de los trabajadores de la investigación entre las diferentes instituciones del sector público, OPIs y Universidad.
Transparencia en el acceso a los puestos de trabajo, con criterios públicos y un listado centralizado en el que se publiquen todas las ofertas públicas de empleo.
Necesitamos medidas, no promesas. Porque la investigación es vital para el desarrollo humano y de la sociedad, porque queremos que nuestro país deje de depender de terceros y determine su propio futuro. Firmamos este manifiesto, esperando que todos los partidos políticos olviden por un momento sus colores y pasen de las palabras a las acciones. Comprendan que la ciencia no es un arma electoral, es una necesidad estructural de cualquier país que repercute directamente en la competitividad económica y en el tejido social. Les pedimos que escuchen nuestras reivindicaciones y que las ejecuten firmando un gran Pacto Nacional por la Ciencia. Si queremos un futuro, no se puede esperar más.
CON EL APOYO DE LAS ASOCIACIONES Y SINDICATOS:
INvestigadores No VAlorados (INNOVA-Salamanca)
Federación de Jóvenes Investigadoras (FJI)
Marea Roja
Dignidad Investigadora UAM
Asociación Española del Avance por la Ciencia (AEAC)
Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH)
Ciencia con Futuro
Comisiones Obreras (CCOO)
Ciencia a la Carta
Hablando de Ciencia
Plataforma de defensa de la dignidad investigadora de la Universidad de La Rioja (PDDI_UR)
Unión General de Trabajadores (UGT)
Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF)
Fundación Alzheimer España (FAE)
Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas (INICE)
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)
Real Sociedad Española de Fïsica (RESF)
OSAL Student Chapter