Presentarse a plazas de profesorado universitario o de investigación conlleva siempre una serie de procesos administrativos ineludibles, pero ¿son razonables los del sistema español?
Si una persona quiere optar a una plaza, por ejemplo, en una Universidad de Castilla y León, tendrá que enviar su CV y los méritos que avalan dicho CV en el formato específico que pida esa Universidad. No tendrá más opción que rehacer el CV y reenviar los mismos méritos para cada Universidad en la que quiera solicitar un trabajo, incluso dentro de la misma Comunidad Autónoma. Antes de todo esto, ha tenido que conseguir una acreditación presentando el CV en otro formato distinto y los mismos méritos a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Una de los objetivos de esta agencia es revisar los méritos y, si se cumple con un mínimo, conceder la acreditación. Pero el funcionariado de cada universidad volverá a realizar el trabajo de la ANECA una y otra vez revisando CVs en otros formatos y los méritos que los apoyan, con la pérdida de tiempo y dinero que supone para todo el mundo. ¿No tendría más sentido que la evaluación y la certificación de los méritos se guardara para agilizar los trámites en futuras ocasiones? Los currículos académicos señalan las actividades en los que los profesionales toman parte, lo que puede suponer, cuando se les suman los méritos, un documento de entre 70 y 100 páginas para la primera acreditación (la más sencilla) de la escala. ¿Se imaginan tener que modificar dicho documento una y otra vez para cada puesto de trabajo que desea solicitar? Pues eso es lo que ocurre todos los días en nuestro país.
Los efectos de esta burocratización sin sentido lastran la investigación y la docencia porque desincentivan a los/as candidatos/as al no tener tiempo para preparar el nuevo CV, quitan tiempo a los investigadores y profesores que buscan un trabajo, obligan a los funcionarios a repetir el trabajo que ya hizo algún/a compañero/a en el pasado, retrasan las evaluaciones por parte de las instituciones y suponen un escollo para la transparencia de los procesos de evaluación.
La solución que planteamos ya ha sido tomada, en parte, por otras instituciones, que es la de el Currículum Vitae Normalizado (CVN)1
. Lo que pedimos es, ni más ni menos, que las instituciones de educación superior acepten el modelo de CV con el que muchos/as investigadores/as ya trabajan. Junto al CVN, se puede implementar un proceso que guarde la verificación realizada sobre un mérito, de tal manera que el personal de las universidades no tenga que realizar este mismo trabajo y los investigadores no tengan que reenviar toda esa documentación para cada puesto de trabajo que soliciten.
Desde la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios (FJI/Precarios) pedimos que las universidades españolas unifiquen el sistema de solicitud y evaluación para que nuestro ya de por sí laberíntico sistema no sea todavía más complicado y desalentador.