En el año 2011 se aprobó la actual Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación. Esta fue recibida como una gran noticia por el colectivo de investigadores predoctorales ya que en ella veían como dejaban de ser considerados (de forma absurda) becarios para ser considerados trabajadores de pleno derecho. Este avance tenía una inmensa importancia ya que implicaba, entre otras cosas, adquirir el derecho a cobrar el paro o a cotizar para una futura pensión.

Pero no todo fueron buenas noticias. Ese nuevo estatus profesional necesitaba de un marco legal y jurídico que dotara de garantías al colectivo. Para desarrollarlo, se instó al desarrollo del “Estatuto del personal investigador en formación” (EPIF). Este estatuto, según recoge el mismo texto de la Ley de la Ciencia debía ser aprobado en un plazo máximo de dos años, es decir, en 2013 a más tardar.

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (SEIDI) hizo caso omiso a su propio texto y no inició la redacción de este estatuto, enormemente necesario para el colectivo, así como tampoco hizo caso a las peticiones de sindicatos y los principales colectivos predoctorales que le exigían que se iniciara su puesta en marcha de inmediato.

Fue a mediados de 2017 cuando, ante la presión de todo el colectivo predoctoral, se puso en marcha una mesa de negociación para desarrollar el tan esperado estatuto que debería regular, entre otras cosas, aspectos tan importantes como la categoría profesional y el salario asociado, el número de horas de docencia, los aspectos relacionados con la conciliación familiar o el derecho a recibir una indemnización por fin de contrato.

Han sido casi nueve meses de negociaciones en los que han participado diferentes ministerios, la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), los sindicatos y las asociaciones de investigadores. Durante esos meses se ha esbozado un borrador del estatuto que, si bien es cierto que no recogía todas las reivindicaciones de la FJI/Precarios, sí que era fruto de la negociación y de las cesiones entre todas las partes. Tras estas negociaciones se acordó un borrador definitivo listo para su aprobación, pero ocurrió algo desconcertante. Nuestra sorpresa llegó la primera semana de febrero cuando desde la SEIDI se nos hace llegar el borrador definitivo en el que pudimos contemplar que toda las modificaciones surgidas de la negociación habían sido totalmente obviadas. La versión final del EPIF era idéntica a la primera versión planteada por la SEIDI y, por lo tanto, los nueve meses de esfuerzo negociador y de integración de los colectivos no habían servido para nada.

Por todas estas razones, vemos necesario manifestar nuestro más firme rechazo a la aprobación de un EPIF que no ha tenido en cuenta las demandas del colectivo al que va a representar. Este EPIF pretende aprobarse en una situación de precarización del sector, de exilio masivo para los investigadores y de continuos recortes en I+D+I. Con su actual redacción, el EPIF va a agravar esta situación ya de por sí desfavorable para el colectivo de investigadores predoctorales. Desde FJI/Precarios pedimos a la SEIDI que vuelva a la senda de la negociación y que tenga en cuenta la voz del personal investigador.