Son numerosos los estudios de la OCDE que muestran la baja cualificación de las ofertas de empleo que el mercado laboral español ofrece a los titulados universitarios. Muchos expertos señalan que la generación de empleos con valor añadido en nuestro país debe pasar por el aumento de la inversión en I+D+i. Puestos de trabajo cualificados que pueden ocuparse por los jóvenes que salen de las Universidades españolas tras interminables años de esfuerzos académicos y económicos.

En la actualidad, la realidad es bien distinta. Las primeras opciones de inserción laboral que se les ofrecen pasan en la mayoría de casos por realizar trabajos en empresas, Administraciones Públicas o Universidades disfrazados de estancias de formación y/o prácticas y remuneradas en régimen de beca. Esta habitual praxis de encubrir puestos de trabajo mediante becas se ha extendido en los últimos 20 años por todos los sectores productivos y conlleva un fraude multimillonario a la Seguridad Social así como graves irregularidades laborales. Ello genera una bolsa de empleo sumergida que afecta casi en exclusiva a decenas de miles titulados universitarios según estimaciones del Ministerio de Trabajo en 2005. El propio Gobierno Socialista, consciente de esta problemática, introdujo en su Programa Electoral 2008 en materia de “Promoción de un empleo de calidad entre los y las jóvenes” medidas para frenar este fraude de las becas que no sólo no ha cumplido sino que ni siquiera les ha llevado a frenar las innumerables convocatorias de becas a titulados por parte de Ministerios e Instituciones dependientes de los mismos que encubren puestos de trabajo y se financian con dinero público.

La recién aprobada Reforma Laboral extiende los periodos de contratación en prácticas (hasta 6 años) retrasando la percepción de mejores salarios y exime a la Administración Pública de aplicar la denominada como Ley Caldera extendiendo la temporalidad que principalmente afecta a jóvenes.

A esto se añade, el anunciado recorte a las partidas de I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado para 2011. Ello supondrá un varapalo para gran parte de Centros y Grupos de investigación que en 2010 han hecho lo imposible para llevar a cabo sus trabajos de investigación con carencia de medios materiales y humanos. Este recorte financiero en investigación conllevará un frenazo tecnológico en la creación y desarrollo de empresas tecnológicas así como en la transferencia de innovación a la industria. A su vez, se frenará la creación de empleos cualificados.

Las degradadas condiciones laborales y expectativas profesionales que la normativa laboral española vigente ofrece a los jóvenes mejor formados puede tener graves consecuencias como la fuga del mejor capital humano hacia países de nuestro entorno que ofrecen mejores empleos con mejores condiciones laborales.

Por ello, el Área Juventud de IU, FJI-Precarios y un colectivo de becarios de la Administración Pública hacen un llamamiento a todos los jóvenes titulados para que el próximo día 29 de Septiembre se unan a la Huelga General y exijan al Gobierno Socialista mejoras en sus condiciones laborales mediante una regulación jurídica de las ayudas (becas) dirigidas a recursos humanos, una reducción de la duración de los contratos formativos y la temporalidad del colectivo mejor formado y un aumento continuado de la inversión en I+D+i.