Cinco años después de que el Parlamento de Andalucía, a iniciativa de Izquierda Unida, lanzará por unanimidad una propuesta de ley (PL-A) que modifique “la Ley General de la Seguridad Social, de forma que se posibilite la protección social y la contratación laboral de los investigadores”, según explica la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI-Precarios), el Congreso de los Diputados acaba de tomar en consideración esta propuesta sin ningún voto en contra. Una situación que se alarga desde el año 2000, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) empezó a contabilizar a los becarios como personal investigador. Incluso, en marzo de 2005, los becarios ya superaban a los científicos funcionarios en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Este organismo contaba con un total de 2.532 becarios y 2.376 científicos funcionarios. Unos becarios que deben ser “uno de los motores de la economía”, según define Cristina Garmendia, la ministra de Ciencia e Innovación, a su propia cartera. A pesar de que la PL-A ha llegado por fin al Congreso, FJI-Precarios no muestra una gran confianza en este debate parlamentario.
Si la PL-A se transformará en una nueva ley estatal, supondría la consecución de una de las grandes reclamaciones que realizan desde el año 2000. Pero los Jóvenes Investigadores destacan “el preocupante discurso realizado por el portavoz del PSOE, que afirmó, ante nuestra perplejidad, que el contrato por obra y servicio ‘gusta muy poco a los jóvenes investigadores’ o que en ningún caso el apoyo a la tramitación de la PL-A supone que el grupo socialista ‘suscriba la integridad del texto propositivo’ ; se intuye en estas palabras la trampa que esconde el voto positivo del PSOE, que llevaría a modificar sustancialmente el texto actual de la PL-A, con cambios también sugeridos en el discurso de CiU”. Mientras el resto de grupos han solicitado que, como mínimo, se recojan las recomendaciones de la Unión