La Ley y el Pacto por la Ciencia
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Después de poco más de un año desde que se anunció el primer borrador de Ley de la Ciencia, la ministra Garmedia ha presentado su nuevo proyecto. El tiempo transcurrido ha servido para que el Gobierno inicie la tramitación de la la Ley de Economía Sostenible, que ofrece cobertura “filosófica” a la nueva política científica, y para que diferentes agentes sociales, políticos e institucionales hayan podido digerir mejor algunas de las novedades que presenta el proyecto.
Tiempo habrá para entrar en detalles y participar en debates que seguramente surgirán a lo largo del proceso de discusión parlamentaria y de negociación social. Por el momento comentaremos sólo un par de rasgos reseñables del actual borrador.
El primero es que con él se consolida una apuesta sistemática y contundente por la integración de las políticas tradicionales de ciencia y tecnología con las políticas más novedosas orientadas a la innovación. Llevamos años quejándonos de que nuestro sistema científico no logra alimentar con suficiente eficacia los procesos de innovación que constituyen la fuente principal de competitividad económica. Lo nuevo es que, por primera vez, se contemplan de forma sistemática, en una sola ley y bajo la dirección de un único ministerio, todos los aspectos de estas políticas, desde la gestión de subvenciones para la investigación básica hasta la planificación de las ayudas e incentivos para la incorporación de tecnología en las empresas; o la apertura de nuevos cauces para la colaboración entre el sector científico y el empresarial. Si la ley tiene éxito en su apuesta, dentro de muchos años seguiremos celebrando el salto cualitativo que sin duda habrá dado nuestro país en este campo.
También creo que debe resaltarse la contundencia con que se aborda en el proyecto de ley el problema de la carrera científica y la situación precaria de muchos de nuestros investigadores más jóvenes, con una fórmula simple y audaz. En primer lugar, los científicos en formación predoctorales tendrán un contrato laboral desde el primer año. En segundo lugar, los científicos posdoctorales tendrán un contrato indefinido desde el primer momento, pero la evaluación que les hagan a los cinco años podrá ser motivo de despido, si no alcanzan el nivel de rendimiento adecuado. Por último, la ley anuncia una serie de medias que facilitarán el acceso a los diferentes niveles y escalas de técnicos e investigadores de los Organismos Públicos y las Universidades, potenciando la movilidad entre ellos. Costará adaptar los esquemas tradicionales a la nueva estructura y habrá que vigilar que la evaluación del rendimiento de los científicos se haga con criterios rigurosos y objetivos. Pero, si se logra, la carrera científica empezará a ser mucho más atractiva en España.
¿Problemas pendientes? Muchos, sin duda. Y habrá que hablar de ellos. Pero creo que no va a ser fácil, en esta ocasión, que las fuerzas políticas puedan eludir un gran pacto por la ciencia que permita no sólo sacar adelante una ley absolutamente necesaria, sino hacerlo además con un amplio consenso social que le garantice una vigencia al menos tan duradera y sólida como la de la anterior Ley de la Ciencia, en vigor desde 1986.
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