La Universitat de Barcelona (UB) está vetando la incorporación y consolidación en su plantilla de personal investigador con trayectoria destacada. Tenemos la certeza de que esta Universidad Pública está exigiendo a algunos investigadores que renuncien “voluntariamente” a la obtención de puestos de carácter estable que presuntamente están reservados para otros candidatos. Sin embargo, la UB no renuncia a tener a este personal contratado de manera temporal y subvencionada por los fondos públicos obtenidos tras haber superado un proceso de selección altamente competitivo.
El programa Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia e Innovación subvenciona la contratación de personal investigador “con una trayectoria destacada”1 en Universidades y otros centros I+D en todo el país. Este programa se convoca anualmente de manera competitiva para seleccionar a investigadores e investigadoras de cualquier país de origen que hayan demostrado máxima excelencia en su trayectoria. Para ello se evalúan distintos méritos científicos (publicaciones, experiencia internacional, liderazgo… etc.). La intención manifiesta de este programa de 5 años de duración es que las personas seleccionadas puedan acceder a “un puesto de carácter estable” una vez acabado. Como novedad, en la presente convocatoria (2022) existe la obligación de que los centros receptores se comprometan a crear dicha plaza estable. Efectivamente, el artículo 18.3 de la convocatoria reza así:
“La formalización por parte de los centros de I+D de estos acuerdos de incorporación implica que garantizan el compromiso de crear, tras la finalización del contrato, puestos de trabajo permanentes con un perfil adecuado a las plazas cubiertas, conforme a la legislación vigente, a las normas de organización y funcionamiento, y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.”
Violando el artículo anterior, la UB está imponiendo a algunos investigadores seleccionados por el programa Ramón y Cajal que firmen un “acuerdo voluntario” de no optar a la estabilización como requisito indispensable para formalizar su incorporación a un determinado Departamento. Consideramos que esto es una violación de las bases de la convocatoria y que la UB ha cruzado así una línea roja. Efectivamente, hemos podido comprobar la existencia de documentos internos de la UB que acreditan está situación. Por lo menos a un candidato se le ha llegado a proponer la firma de un documento que dice así (traducido del catalán):
“Certificado para no optar a la estabilización en la UB
El abajo firmante, ........., DNI ..........., candidato seleccionado de la convocatoria Ramón y Cajal 2022 en el área de ..........., manifiesta su voluntad de incorporarse al Departamento de ..........., sección de ..........., y al Instituto de ............ Por la presente certifica que no quiere optar al proceso de estabilización en la UB.
Para que así conste y a los efectos oportunos,
...........”
Esto es un atropello inadmisible. Este candidato, que obviamente quería ejercer su derecho a optar a una plaza estable, nos ha comunicado su rotunda negativa a firmar este certificado. Al contactar con el vicerrectorado de la UB para pedir explicaciones sobre la ilegalidad del documento, éste último invitó al candidato a “desarrollar su carrera científica fuera de la institución". El candidato, atónito ante esta respuesta, contactó de nuevo con el Vicerrector quien finalmente dejó claro que “no tiene competencias ni debe entrometerse en las decisiones internas de un departamento de la Universidad”. Cabe destacar que el portal de transparencia de la UB, donde pueden comprobarse sus competencias2 , contradice las palabras del propio Vicerrector. A raíz de esta respuesta, el candidato ha pedido explicaciones tanto a los jefes de Departamento, sección Departamental y Decanato, sin obtener respuesta hasta la presente fecha. En conversaciones con algunos miembros de la UB del mencionado Departamento, parece que los puestos de carácter estable que generarán las próximas jubilaciones están presuntamente “reservados” para otros candidatos.
Es importante aclarar que las Universidades, dentro de su autonomía, son libres de solicitar o no solicitar las ayudas Ramón y Cajal. Es más, son libres incluso de formalizar o no los contratos una vez obtenida la ayuda, aún dejándolos sin cubrir a pesar de tener candidatas. Esta posibilidad nos parece anormal y peligrosa, y debería corregirse por parte del Ministerio y la Agencia Estatal de Investigación (AEI). De lo que no son libres, en ninguna forma y bajo ningún concepto que pueda ampararse en su autonomía, es de pedir a las personas seleccionadas por éste u otros programas que renuncien “voluntariamente” a sus derechos e incumplir con premeditación y alevosía las obligaciones que claramente vienen estipuladas en la convocatoria.
Por tanto, exigimos una explicación y una asunción de responsabilidades urgente por parte de la UB, tal y como contempla su portal de la transparencia. También, exigimos una actuación inmediata de la AEI, emitiendo si fuera necesario una nota pública al respecto, para recordar las obligaciones que conlleva la convocatoria Ramón y Cajal 2022 y las consecuencias que tiene el incumplimiento de dichas obligaciones.
La Federación de Jóvenes Investigadores viene denunciando desde hace un tiempo el mal trato que reciben las personas seleccionadas por el programa Ramón y Cajal en más de una Universidad Pública3 . Desgraciadamente, ya estamos acostumbradas a ver a distintas Universidades Públicas actuar al margen o en contra de la ley. Recientemente4 , nos han llegado varias noticias alarmantes sobre las trabas que están poniendo distintos centros a la incorporación de las seleccionadas en la última convocatoria, llegándose a rechazar personas a las que se les había dado un preacuerdo antes de solicitar la ayuda. El rectorado5 de la Universidad Complutense de Madrid comunicó hace unos días la negativa a incorporar a gran parte de las solicitudes de investigadores Ramón y Cajal y César Nombela. El propio director de la AEI se expresaba recientemente en estos términos6 en la red social X (twitter): “Resulta preocupante el cortoplacismo y pobreza de visión que se esta viendo en algunas UUPP con respecto a la incorporacion de investigadores acreditados. Si, estan muy mal financiadas, pero es sólo eso?”
Finalmente, recordamos que la UB es una Universidad Pública y miembro de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Si el Ministerio de Universidades y la CRUE no se pronuncian y guardan silencio ante este asunto, sólo podrá interpretarse como un silencio cómplice.
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