El día próximo 22 de abril, Día de La Tierra, se celebrará una marcha de apoyo a la ciencia en más de cuatrocientas ciudades de todo el mundo. La iniciativa surgió en Estados Unidos como respuesta a la profunda preocupación de científicos y ciudadanos ante la creciente ola de políticas anticientíficas y la erosión de la imagen social de la ciencia. Los grupos que niegan de modo interesado evidencias científicas, como el cambio climático, la efectividad de las vacunas o la teoría de la evolución, están alcanzando en todo el mundo una influencia sin precedentes. La negación de conceptos establecidos por la ciencia puede acarrear consecuencias desastrosas para el objetivo de construir un mundo más justo y más seguro, ya que en un mundo que deseamos sea libre y democrático las políticas tienen que estar informadas por la mejor evidencia disponible y el análisis riguroso que aporta el método científico.
La Marcha por la Ciencia adquiere un significado especial en España, donde los recortes en investigación civil (capítulos 1-7) han alcanzado el 35% desde el año 2009 (siendo el recorte aún mayor si se tiene en cuenta la inflación). Desde el punto de vista económico, el efecto a corto y largo plazo es extremadamente preocupante porque la relación directa entre inversión en ciencia y productividad económica ha sido confirmada por instituciones como la UNESCO, StarMetrics, las Academias Científicas americanas, el Medical Research Council del Reino Unido, o Vinnova de Suecia. Es por ello que países como EEUU, Suecia, Alemania, Canadá y Australia hicieron frente a la reciente crisis económica aumentando su inversión en ciencia, al contrario que España.
Uno de los resultados más preocupantes de que la ciencia nunca haya sido una prioridad en España, y en particular de los recortes de los últimos años, es que muchos investigadores formados en este país se han visto obligados a elegir entre el desempleo o la precariedad y la emigración. Entre los años 2010 y 2016, España ha perdido más de 10.000 investigadores (4.000 de ellos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Esto es particularmente preocupante en un país donde el nivel de paro es superior al 20% (un 50% en los jóvenes menores de 30 años) y donde existe un creciente deterioro de los servicios básicos en sanidad, educación, dependencia o cultura. El déficit de competitividad del aparato productivo español en actividades de contenido tecnológico medio y alto ha repercutido negativamente en la calidad del empleo, en los niveles salariales y en la sostenibilidad a largo plazo de la actividad económica, creando bolsas de pobreza, debilitando la cohesión social y contribuyendo a la dualización creciente de nuestra sociedad.
Esta situación ha sido ampliamente criticada por diversos colectivos como Carta por la Ciencia o Marea Roja que, apoyados por sociedades científicas, académicas y sindicatos, plasmaron sus reivindicaciones en el Pacto por la Ciencia que fue firmado en Diciembre del 2013 por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, excepto el partido en el poder.
Reclamamos que se cumplan sus reivindicaciones fundamentales, en particular:
1. La planificación plurianual para recuperar a lo largo de la legislatura los niveles de inversión pública en ciencia del 2009. En estos tres años tras la firma del Pacto por la Ciencia, no se ha avanzado en el objetivo de alcanzar un presupuesto para ciencia estable y gestionado de forma independiente.
2. La eliminación de los límites a la tasa de reposición del empleo público en actividades relacionadas con la investigación y el establecimiento de un plan de choque para incorporar nuevos recursos, para recuperar talento emigrado y para la reducción de la grave tasa de precariedad. Por el contrario, la universidad y la investigación han sido relegadas de la oferta pública de empleo de 2017.
3. El compromiso plurianual para el cumplimiento de los Planes Nacionales de I+D en sus convocatorias y plazos. Lejos de cumplir este compromiso, el Plan Estatal de Ciencia y Tecnología, que debería haber entrado en vigor en enero de 2017, aún no ha sido aprobado.
4. Reclamamos además la integración de la ciencia en la agenda política de forma que quienes deben tomar decisiones legislativas y ejecutivas dispongan de información científica constante, suficiente y eficaz mediante la incorporación de entidades personales o colectivas que asesoren a los miembros del Congreso de los Diputados, y a los componentes del Ejecutivo, desde la Presidencia del gobierno a las estructura de los Ministerios.

La comunidad científica es a su vez responsable de fortalecer la necesaria labor de comunicación y divulgación de la actividad investigadora para hacerla llegar a toda la ciudadanía y para estimular la participación de la sociedad en la definición de las prioridades investigadoras y en la gobernanza de la Ciencia española. Ha también de defender una educación pública que incluya el método científico y ayude a los ciudadanos a enfrentarse con datos y análisis crítico a los desafíos científicos, tecnológicos y sociales del mañana.

El daño hasta ahora infringido a la estructura científica en España requerirá décadas para su recuperación, por lo que es urgente un drástico cambio de rumbo que debe ser el resultado del esfuerzo colectivo de toda la sociedad, con los científicos al frente. Por lo tanto convocamos a todos los ciudadanos que valoran la ciencia como una herramienta al servicio del bien común y defienden la cultura científica y humanística como un elemento básico de las sociedades democráticas, a suscribir este manifiesto y a participar en las Marcha por la Ciencia que tendrán lugar en diferentes ciudades en España. Porque invertir en ciencia es invertir en el país. Porque sin ciencia no hay futuro.