INTRODUCCIÓN

El presente estudio responde a una de las inquietudes primarias de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios) desde su creación en el 2000: el reconocimiento de los derechos laborales de todos los profesionales que se dedican a la investigación. Si bien son conocidas las reivindicaciones que abogan por la supresión del sistema de becas pre-doctorales y post-doctorales por un sistema de contratación en harmonía con la experiencia profesional de cada individuo, no por ello son menos importantes las reivindicaciones centradas en la dignificación laboral de aquellos investigadores que ni tan solo tiene una beca con que financiar su investigación y tienen que ir “trampeando” su salario mediante becas extrañas o trabajos secundarios invisibles para los responsables de las políticas científicas.

La FJI/Precarios aglutina a muchos investigadores de condiciones laborales sustancialmente diferentes. Basándonos en su situación laboral podemos establecer cuatro categorías: funcionarios, contratados, becarios y el colectivo en peores condiciones del panorama de la investigación actual, los Investigadores Sin Remuneración Regulada (ISRR). En siglos pasados la investigación era una actividad vocacional, y muchas veces no remunerada. Desde hace décadas, en cambio, la investigación es una profesión como otra cualquiera. Sin embargo, en España arrastramos una inercia del pasado debida, creemos, a la falta de inversión en investigación y a una mala planificación y gestión de la inversión pública; este hecho posibilita que muchos investigadores en todo el territorio trabajen sin cobrar por su labor, o cobrando únicamente pequeñas ayudas de forma irregular.

El grupo de los ISRR es un auténtico cajón de sastre, compuesto por un conjunto de investigadores que realizan un trabajo similar al de otros investigadores, pero sin recibir ningún tipo de remuneración regulada a cambio. A pesar de no disfrutar de los derechos laborales mínimos, los ISRR sí tienen que cumplir una serie de obligaciones propias de cualquier trabajador que desempeñe tareas similares bajo contrato o beca. Estas condiciones en las que dicho colectivo de investigadores se ve obligado a trabajar acarrean una serie de consecuencias, no sólo sobre el investigador que las sufre sino también sobre la propia tarea investigadora. Algunas de las consecuencias de esta situación irregular podrían ser:

• Al carecer de ningún tipo de ayuda, estos investigadores se ven obligados a buscar una fuente de ingresos, ya sea en forma de trabajos eventuales o temporales, realizando trabajos a tiempo parcial, etc., y muchas veces fuera del mundo de la investigación. El tiempo invertido en estas actividades laborales seguramente habría revertido total o parcialmente en la tarea investigadora.
• Relacionada directamente con lo anterior, una disminución de la capacidad de concentración en la investigación por la necesidad de buscar (y pensar) constantemente en otros medios para subsistir, así como un aumento del estrés, por añadidura a la gran incertidumbre ya existente en la carrera investigadora.
• Ansiedad y precipitación por conseguir resultados a toda costa –no pocas veces en detrimento de la calidad del trabajo- para la obtención, lo antes posible, del DEA, grado de doctor u otro título semejante que les abra nuevas puertas en la carrera investigadora o la posibilidad de obtener una ayuda oficial.
• Completa desprotección sociolaboral. Los ISRR no cotizan a la Seguridad Social por su actividad, lo que implica que este tiempo no compute para el cálculo de la prestación por desempleo, no se cotice para la jubilación o no exista una cobertura en caso de accidente laboral; con todo, si se está matriculado para realizar la tesis, algunas universidades protegen al ISRR con un seguro de accidentes, pero no deja de ser una cobertura parcial.
• Dado lo irregular de su situación, no son reconocidos como personal del centro en el que trabajan, por lo que carecen de acceso a cualquier reconocimiento médico o formación específica sobre riesgos laborales y salud laboral dirigida a sus compañeros con relación contractual (no es el tema de este informe, así que no nos extenderemos, pero hay que señalar que el colectivo de investigadores con beca sufre unas condiciones muy similares en cuanto a inseguridad laboral).

Un agravante de la situación de desprotección de los ISRR es la total falta de legislación al respecto. Las escasas normativas que recientemente se han aprobado dirigidas a regular las etapas iniciales de la carrera investigadora dejan de lado esta problemática. El Estatuto del Becario (1) no hace alusión alguna; el Estatuto del Personal Investigador en Formación o EPIF (2), sin reconocer la existencia de este colectivo ni dar una solución al problema, sí obliga a que todos los matriculados en un curso de doctorado, permitiendo una primera aproximación al tan reivindicado censo de doctorandos en España.

En este trabajo pretendemos poner de manifiesto la existencia de este colectivo; así como proponer soluciones que intenten paliar o corregir la situación, que se fundamentarán en el Informe de Carrera Investigadora (3). Para cualquier duda o consulta relacionada con este documento, podéis consultar a Marta Vicente en marta.vicente(NOSPAM)uv.es, coordinadora del informe.