Asistentes

MICINN:
· Felipe Pétriz (Secretario de Estado de Investigación-SEI)
·Tomás Fraile. Abogado. TF

FJI
·Raquel Portela
·Salomón Aguado
·Francisco Terán

Duración

1 hora y media

Objetivo de la reunión

Transmitir nuestras propuestas al borrador 1 de la LCyT.

Resumen de la reunión

Iniciamos la reunión entregándoles una copia del documento con las propuestas al borrador 1 de la ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y procedemos a comentar los puntos más destacados. A continuación resumimos los aspectos más relevantes:

- Exposición de motivos: ya están pensando en recortarla y contemplan algunas cosas de las que indicamos.

- Carta Europea: Nos comentan que primero estuvo mencionada y luego lo quitaron... Sólo la podrían mencionar en la exposición de motivos, no en el resto del texto, por no ser de obligado cumplimiento y tener varias interpretaciones, dice el jefe de gabinete, y dado que están por recortar... De todos modos a Pétriz le gustó la idea más que al jefe de gabinete, lo estudiarán.

- Participación de los doctorandos en los órganos de gobierno de las universidades: No pueden obligar a las universidades a adoptar nuevas fórmulas de representación de trabajadores (atenta contra su autonomía). Esto ya fue un problema en el EPIF y ahora vuelve a serlo. Creen que como trabajadores sí estarán representados, pero nos reitera que estas cosas se ganan universidad a universidad en los claustros de gobierno, no por real decreto.

- Escuelas de doctorado: ésta es la interfaz doctorando-director que tienen prevista, y será la que actúe en temas de evaluación del doctorando o de cambio de director, por ejemplo. El SEI presentó el día 22 de febrero en consejo de Universidad la propuesta que están redactando. Pétriz propone que una reunión FJI-SEI-SEU para informarnos de esto, se lo comentará al SEU y nos avisará. (creo que esta es la famosa regulación del doctorado que el SEU comentó en una reunión hace ya bastantes meses...)

- Contemplar mecanismos de reclamación ante una evaluación desfavorable: Dicen que no se puede hacer ya que esto no serán procesos administrativos, como es el caso de las convocatorias de ayudas. Se trata de evaluaciones que realizarán los centros con participación de alguna agencia externa (ANECA, ANEP o CENAI).

- Evaluación obligatoria de investigadores y centros: Lo estudiarán, pero parece que no. Dicen que va en contra de la autonomía de los centros...

- Publicar las convocatorias en un único portal: Quieren, pero reconocen que en la coordinación con CCAA están aún en pañales y es todo muy difícil. Lo estudiarán. Al hilo de esto se hablan de la "Ley de la administración electrónica" (esta será la gran revolución, pero está tardando... tienen previsto a finales del 2010 haber llegado al 60% de su preparación.) y del CV normalizado (lleva tiempo en marcha, pero aún no está listo).

- El contrato predoctoral:
Respecto a la obligatoriedad también para organismos privados y fondos privados: La idea les parece fenomenal. Lástima que haya tres causas por las que sea imposible:

1) Los sindicatos. Aceptan este contrato excepcional siempre y cuando se limite a la administración pública.

2) Hacienda: Acepta el contrato, y el título II en general, sólo si se acota de tal manera que no se pueda extrapolar. Tienen mucho miedo de que sea una puerta abierta a usarlo para otras cosas.

3) Las CCAA, hay protestas porque les parece muy caro.

Respecto a su duración:

El coste de este contrato es elevado, la reducción de la cotización a la SS ha permitido que sea asumible pero no se podrían permitir ampliarlo a 5 años. De todos modos otros sectores reclaman que sea de 3 y no de 4 años, ya que ahora son 3 años sólo para trabajar, pues el máster se queda fuera, y ellos han defendido los 4 años.

A partir de cuándo:

Intentamos defender que el contrato incluya la etapa master, pero argumentan que el contrato no puede empezar antes de los 300 ECTS o master porque éstos son los requisitos que establece el Ministerio de Educación para el acceso a los programas de doctorado. Y este contrato es para la etapa doctoral. La etapa master tiene ahora una carga lectiva muy fuerte que deja un tiempo mínimo a la actividad laboral de modo que las ayudas previstas para esta etapa son las becas. Como petición de mínimos se les pidió que al menos pongan como necesario el cumplir los requisitos para acceder a un programa de doctorado, sin mención expresa a los créditos o el master, de modo que implícitamente se pide lo mismo pero la redacción queda más abierta. Lo estudiarán.

- Subsanación de cotizaciones (PL-A): La idea les parece fenomenal salvo por una cosa el coste que conlleva (lo estiman en 600 millones de euros).

- Sustituir inglés por idioma distinto al castellano: prácticamente nos han dicho que no. Les ha costado mucho incluir esto, ya que están permitiendo que gente que no sepa hablar en castellano acceda al funcionariado, sentando un precedente importante. Abrirlo a más lenguas sería muy complicado y dicen que el inglés es la lengua científica. El argumento de las filologías y de que no se trata de elegir la lengua en función de la nacionalidad del candidato sino del campo en que se realice la investigación no les convenció.

- Nuestra disposicion adicional primera. Les proponemos una formula para obligar a que las “ayudas” dirigidas a personal se establezcan para su contratación. Les decimos que esto es idéntico a la disposición adicional sexta del EPIF para contratar doctores. Se cierran en banda y dicen que no, que no se puede hacer algo así para que las fundaciones contraten investigadores. Les decimos que no se trata de que las propias fundaciones contraten a sus beneficiarios, sino de que subvencionen su contratación en un centro de investigación de adscripción. No quieren entenderlo, y acaban con un “lo valoraremos”.

Al finalizar la reunión nos piden que les enviemos un fichero electrónico con nuestras propuestas y nos dicen que les echaran un vistazo con mimo, pero que no se puede incrementar el presupuesto que ya está muy ajustado. Felipe Pétriz reconoce que NO HAY ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA para implantar esta Ley. No hay más fondos, tendrán que redistribuir lo (poco) que tienen para adaptarse a la ley.

No están seguros sobre el resultado que tendrá este borrador de ley dado que la CRUE, las Autonomías y los sindicatos piden cosas distintas cada uno y alejadas de las políticas reflejadas en el borrador 1.