La Ley de la Ciencia no cumple la Carta Europea del Investigador.

La semana pasada fue presentado el borrador de la Ley de la Ciencia y la Tecnología. Una norma que pretende ser el marco legal que permita dar el salto hacia una economía basada en el conocimiento. Parecía en principio que la vocación de esta ley era regular el desarrollo profesional de los investigadores en la parte de la misma que se refiere a los recursos humanos. De hecho, la exposición de motivos afirma que la Ley está en consonancia con las recomendaciones de la Carta Europea del Investigador. No obstante, la realidad es bien distinta. Por ello, la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) considera que dicha parte del borrador actual necesita profundas reformas.

El borrador de la ley establece modalidades de contratación que son una excepción a las condiciones laborales de otras carreras profesionales, lo que esconde una grave falta de voluntad política en reconocer los derechos sociales y laborales de los jóvenes investigadores. Además, su redacción poco precisa deja espacio a que continúen existiendo las becas de investigación.

Otra sorpresa es el tratamiento que otorga al papel de los jóvenes investigadores en el modelo profesional que trata de regular: la carrera se iniciará años después de alcanzado el grado de doctor, en condiciones de ser jefe de grupo. El resto, etapas previas de formación; un mínimo de siete años que podrán ser regulados, en el mejor de los casos, mediante contratos en prácticas al margen de la carrera profesional. Si el Congreso de los Diputados, con los votos favorables del PSOE, ha votado recientemente a favor de la toma en consideración de una proposición de ley que considera a los jóvenes investigadores como trabajadores y obliga a su contratación laboral (1), estamos ante un derecho que ya no admite otras interpretaciones.

Por todo ello, el borrador entra en contradicción con los principios de la Carta Europea: ésta, tras dejar claro que la carrera investigadora incluye las primeras fases, manifiesta que el reconocimiento profesional debe existir desde el inicio y que los organismos públicos velarán por que se cuente con una protección social completa, lo que actualmente no existe en España. En caso de aprobarse el borrador en su estado actual, seguiría sin cumplirse con la Carta Europea.

La futura Ley de la Ciencia debe tener unos mínimos no sujetos a discusión:

. La definición de una carrera investigadora que no deje fuera al personal predoctoral ni postdoctoral.

. La protección de los derechos de los investigadores en todas las etapas, tanto en el ámbito público como en el privado

. La prohibición expresa de las becas como fuente de financiación.

Si el Gobierno quiere cumplir con la Carta Europea del Investigador, no basta con su mención en la exposición de motivos de un borrador que la contradice. Ha de desarrollar una política de acuerdo con su filosofía, algo que hasta la fecha no ha hecho. ¿Por qué?

(1) http://www.precarios.org/Proposicion+de+Ley+Andalucia