"Es casi imposible reformar la Ley de la Ciencia a coste cero como se pretende"
"Es casi imposible reformar la Ley de la Ciencia a coste cero como se pretende"
Los Jóvenes Científicos están dispuestos a presentar batalla hasta el final con el anteproyecto de Ley de Ciencia. La presidenta de la Federación de jóvenes científicos reclama que se apliquen las recomendaciones europeas, se garanticen contratos para todos y un sistema de ciencia basado en la evaluación. Elena Piñera no cree que las reformas que necesita el sistema se puedan hacer a "coste cero" como parece que se pretende.
P ¿Cómo valora el anteproyecto de la Ley de Ciencia?
R Es positivo el intento de diseñar una carrera investigadora coherente. Por fin se habla de contratar desde el primer día, y no desde el segundo año como sucede en el mejor de los casos. Pero el anteproyecto se queda en un mero intento al no ser de obligado cumplimiento más que para las ayudas financiadas con fondos públicos y por tanto, deja fuera las convocatorias privadas. Se queda en el tintero la solución para que el sistema deje de ser rígido, con demasiada burocracia y el reparto de recursos sea más eficiente y transparente.
P ¿No trata por igual al sector público y al privado?
R Se centra en el sistema público, cuya estabilidad debe ser garantizada por la Administración. La Ley debería permitir al sector público planificar mejor el uso de sus recursos: qué hacer y cuánta gente necesita. Pero no establece de forma clara las medidas que posibiliten la transferencia de conocimiento entre el sector público y privado, para hacer crecer el sistema privado de I+D+i, para que además, pueda absorber y contratar a los investigadores del país. Creo que habría que eliminar restricciones en las convocatorias de empleo público respecto al plazo transcurrido desde la obtención del título de grado o de doctorado y establecer cómo valorar en el currículo los años trabajados en la empresa privada. Este cambio favorecería la movilidad entre el sector público y privado y la interacción entre ambos.
No garantiza la contratación
P ¿Qué echan de menos?
R La principal carencia detectada es que no garantiza la contratación de todo el personal investigador desde el momento en el que comienza la carrera investigadora. Esto sólo afecta al sector público, ya que el privado podrá seguir convocando becas que creemos que continuarán sirviendo para encubrir puestos de trabajo. En el borrador no hay referencia alguna a la Carta Europea del Investigador y al Código de Conducta para la Contratación de Investigadores, documentos de la CE que consideramos de gran importancia. Tampoco se incluye cómo se van a articular las convocatorias públicas de las que va a seguir dependiendo el sistema de ciencia. Sin una coordinación adecuada, sin garantías de que no van a producirse retrasos, o de que desaparezcan determinadas convocatorias sin previo aviso, lo más probable es que los espacios en blanco en los que muchos investigadores se ven obligados a interrumpir su labor sigan existiendo, con la precariedad laboral que conlleva. La Ley debe incluir una fórmula que permita encadenar contratos para garantizar la continuidad de la labor investigadora. Por último, las evaluaciones son obligatorias para lograr estabilizarse, pero para los ya estabilizados esta evaluación sería voluntaria. Se elude, además, la evaluación de los centros de investigación, algo que no podemos pasar por alto si queremos construir un sistema basado en el mérito y el rendimiento.
P ¿Mejora la trayectoria del investigador recién licenciado?
R En algunos casos sí, puesto que obliga a la contratación de los investigadores predoctorales, pero al no haber retroactividad, convivirán jóvenes investigadores "becados" con otros "contratados", con los agravios comparativos que supone. Nos parece una absoluta falta de responsabilidad el no obligar a las fundaciones privadas a contratar a los profesionales de la investigación, dejando a su criterio la posibilidad de recurrir a becas, lo cual impide que dichos investigadores coticen, y se reconozca su trabajo, careciendo de derechos laborales. La Ley de la Ciencia tiene que ser para todos, no puede crear investigadores de primera y de segunda, y para ello debería fijar unos mínimos legales que deberían ser obligatorios para todas las convocatorias. Ese sí sería un gran paso para resolver la precariedad de los jóvenes investigadores.
P ¿Ve necesaria la creación de la Agencia Estatal?
R Creemos que sí, ese sería uno de los aspectos positivos de la Ley, ya que es una buena manera de resolver el problema del reparto de los fondos de investigación. Si se planteara de la manera adecuada, simplificaría la burocracia y al mismo tiempo proporcionaría agilidad y transparencia a la gestión de convocatorias. El punto negro es que el anteproyecto no incluye grandes detalles sobre ella, así que no tenemos garantías de que vaya a cumplir nuestras expectativas. Y otro aspecto que nos preocupa es que para crear esta agencia, es necesario que se inviertan fondos en ella, y en un contexto en el que se han recortado fondos a la investigación, y nos estamos alejando de la media europea en lugar de acercarnos a ella, parece que la reforma del sistema quiere hacerse a coste cero, y esto es muy complicado, por no decir imposible.
Propuestas no tenidas en cuenta
P ¿Han pedido su opinión desde el Ministerio?
R El secretario de Estado de Investigación se puso en contacto con nosotros. Le enviamos nuestras propuestas, que tuvimos que elaborar con menos de una semana. Nos reunimos, pero nuestras principales sugerencias toparon con el recorte presupuestario en algunos casos o con la independencia de universidades, centros o fundaciones. El rápido paso del borrador por Consejo de Ministros tras la reunión, además de varias noticias y declaraciones de la ministra aparecidas en prensa, nos hacen pensar que nuestras propuestas no han sido tenidas en cuenta de forma efectiva.
P ¿Cree que mejorará el sector de la investigación?
R La cuestión radica en la forma en que la Ley definitiva se aplique. Pensamos que se ha quedado corta, porque no va a suponer la contratación de todos los jóvenes investigadores. Que la situación mejore depende de que la Agencia se cree de la manera adecuada, que se coordinen las convocatorias para evitar meses de espera sin trabajo y sin financiación, que se generen las plazas suficientes para estabilizar el número de investigadores que necesitamos, que son muchos. Sin la financiación adecuada, la Ley no cambiará el panorama actual, y no parece que haya voluntad de destinar más recursos a la investigación. Las consecuencias de esta Ley las sufriremos durante décadas. Creo que el borrador no cumple con las mínimas expectativas para llevar adelante el cambio necesario.
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