La Ley de la Ciencia levanta suspicacias
Anteproyecto de Ley de la Ciencia
La Ley de la Ciencia levanta suspicacias
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, presentó el pasado 12 de marzo, ante el Consejo de Ministros, el anteproyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Es ésta ley decisiva para su Ministerio, que prácticamente se creó pensando en su desarrollo, y en la que ha invertido dos años de trabajo. Aunque el borrador presentado es fruto de multiples conversaciones con los actores del sistema científico parece que nadie está conforme con el texto presentado por el Ministerio.
La futura ley sustituye a la anterior normativa de 1986, que regía hasta la fecha nuestro sistema de Investigación y Desarrollo, y que no contempla la cesión de competencias a las Comunidades Autonomas, ni la importancia de las políticas europeas.
La ley tiene dos objetivos principales: facilitar la participación del sector privado en la investigación, algo que hasta ahora estaba poco desarrollado, y diseñar una carrera científica estable. Las universidades, como parte fundamental del sistema científico, se ven directamente afectadas por ambas medidas.
El entusiasmo que muestra la ministra respecto a la nueva ley no es compartido por el resto de actores del sistema científico. El borrador ha sido duramente criticado por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), que representa a más de 30.000 científicos españoles, en un comunicado que tilda al Anteproyecto de “simple reorganización administrativa más que un proyecto de reforma a largo plazo con objetivos claros y ambiciosos”. Tampoco han visto con buenos ojos el Anteproyecto los sindicatos UGT y CCOO, que han emitido un comunicado conjunto, ni la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), que convocó el pasado mes de marzo una manifestación en su contra. La crítica ha llegado incluso desde los propios organismos públicos, el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rafael Rodrigo, ha señalado que espera que el trámite parlamentario mejore el borrador.
La reforma laboral
Esta ley acaba con las becas del sistema público de Investigación y Desarrollo. Desde la fase formativa previa al doctorado se ofrecerá un contrato temporal. El Ministerio planea que mediante la nueva regulación se reduzca la edad media de estabilización en el sistema en cinco años, de 39 a 34. Aunque los sindicatos y la FJI han visto con buenos ojos este contrato predoctoral, se han mostrado contrarios a la creación del nuevo contrato para investigadores, que, aunque se califica como indefinido, puede ser resuelto a los tres o cinco años y no guarda conexión con el contrato predoctoral. La COSCE se muestra más crítica con la ley, aunque desde un sentido opuesto al de los sindicatos y la FJI, con los que tienen grandes discrepancias. Para la COSCE el principal problema de la nueva ley es que no se preocupa por alcanzar la excelencia en el sistema de investigación. Además critica el sistema de contratos, en sentido totalmente opuesto al de los sindicatos y la FJI.La COSCE considera que el nuevo sistema consolida el modelo funcionarial, no garantiza la movilidad necesaria en un sistema de alto rendimiento, y no incide en la adecuada selección de los profesionales más valiosos.
Salomón Aguado, portavoz de la FJI, es muy crítico con la postura de la COSCE, a la que acusa de tener una “doble moral”, ya que “quieren ser competitivos, pero no quieren dejar de ser funcionarios y tener becarios, aludiendo a la formación”. La principal reivindicación de la FJI, que comparten en lo esencial los sindicatos mayoritarios, es que la ley recoja una verdadera carrera investigadora. “Existe un contrato predoctoral y un contrato por obra”, apunta Aguado, “pero no hay conexión entre estas figuras”. El Ministerio por su parte insiste en que la nueva ley acaba con la precariedad de los becarios porque los investigadores tendrán contratos desde el principio con seguridad social completa, paro, y todos los derechos sociales que antes estaban limitados. Si no se ha llegado a un acuerdo más amplio, afirman fuentes ministeriales, es precisamente por la contradicción entre las revindicaciones de los sindicatos y la FJI y lo que pide la COSCE.
La financiación
En lo que sí coinciden todos los investigadores, becarios o no, es en la exigencia de un compromiso estable de inversión. El Gobierno se comprometió a alcanzar una inversión en ciencia del 3% del PIB en 2010. Los cálculos más recientes lo sitúan en el 1,35%, muy por detrás del 1,77% de media de los países de la Unión Europea. Además, pese a la insistencia de la ministra que sigue asegurando que no se ha recortado el presupuesto para investigación, el descenso de dinero real en subvenciones este año ha sido de en torno al 13%. El Ministerio de Ciencia e Innovación dejó sin gastar en 2009 el 22,4% de su presupuesto para ese año, unos 1.500 millones de euros, y este año los créditos reembolsables a empresas suponen el 60% del presupuesto total del ministerio, lo que sirve para justificar un aumento del presupuesto en ciencia en 2010, pese a la importante caída de las subvenciones.
El problema autonómico
Uno de los objetivos importantes de la nueva ley es la creación de mecanismos de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La principal institución que debe servir de puente entre administraciones es el Consejo de Política Científica y Tecnológica, que estará integrado por el ministro y los consejeros de ciencia de cada Comunidad Autónoma. La COSCE denuncia en su informe sobre el Anteproyecto de la Ley de la Ciencia que “no está claro que tales órganos muy políticos sean mínimamente operativos”. La Confederación apuesta por un Consejo Científico que asesore a los políticos. Este Consejo Asesor está recogido en la ley, pero sus funciones no están definidas y su creación se remite a un futuro Real Decreto.
Otra de las instituciones clave para el nuevo sistema científico que desarrolla la ley es la Agencia Estatal de Financiación de la Investigación, la institución que velará por la eficiencia y eficacia del gasto público en I+D. Esta Agencia es una de las principales reclamaciones de la COSCE, que considera esta un elemento clave para garantizar la financiación y la sostenibilidad del sistema científico.
El trámite parlamentario
Actualmente la ley se encuentra en primera vuelta parlamentaria. Los distintos grupos políticos se están reuniendo con los actores del sistema científico y social para llegar a acuerdos sobre la ley. Aunque tanto las COSCE como la FJI se muestran poco optimistas respecto a un pacto Estado, lo que sería preferible para ambas, el Ministerio cree que el trámite parlamentario introducirá cambios.
http://www.menos25.com/noticia/1312/UNIVERSIDAD/ley-ciencia-levanta-suspicacias.html
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