El científico podrá compaginar el sector público y la empresa
El científico podrá compaginar el sector público y la empresa
Lola Fernández - Madrid - 24/03/2010
La investigación pública ya no será incompatible con la gestión empresarial, al menos en el campo científico. El proyecto de Ley de Ciencia permitirá flexibilizar el régimen de incompatibilidades de los científicos con categoría de funcionarios para promover que puedan implicarse más en proyectos empresariales que pertenezcan al espectro de la Estrategia Estatal de Innovación.
Así, el Gobierno permitirá que los investigadores puedan dedicar parte de su jornada laboral a sociedades mercantiles creadas por universidades u organismos públicos de investigación sin tener que dejar su puesto en la administración pública. Estas sociedades de nueva creación, cuyo capital social será mayoritariamente estatal, podrán estar gestionadas total o parcialmente por los investigadores, algo que hasta el momento no era posible, según reconocen desde el propio Ministerio de Ciencia.
Pero la participación en los órganos de dirección no será la única novedad. Los científicos, que hasta ahora sólo podían tener un 10% como máximo del capital de las sociedades mercantiles, ampliarán esa participación considerablemente, aunque Ciencia no ha querido desvelar hasta qué porcentaje. "Lo cierto es que esta ampliación derivará en mayores beneficios para el investigador, y, por tanto, en más implicación", insisten desde el Ministerio.
Los proyectos que podrán acogerse a esta figura tendrán que responder a la estrategia española en ciencia y tecnología y "requerirán la autorización de las universidades públicas o en su caso, del Ministerio de Presidencia, a través de los OPI", como se expresa en el artículo 17 de la futura ley.
A esto se sumará la posibilidad de pedir excedencias por parte de los investigadores que quieran desarrollar su carrera en otro tipo de instituciones. Hasta ahora, el funcionario científico podía solicitar un cese de actividad temporal, pero como asegura Joan Guinovart, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), "su incorporación quedaba supeditada, como el resto de funcionarios, a que una vez se solicitase hubiera una vacante, algo que limitaba mucho la movilidad".
El proyecto de Ley de Ciencia ofrece mayor flexibilidad también en este aspecto. "El personal investigador funcionario o laboral que preste servicios en universidades públicas y OPI podrá pedir una excedencia para incorporarse a otros agentes públicos del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, y en tal caso se le mantendrá la antigüedad y la reserva del puesto de trabajo", según reza en el artículo 16 de la futura ley.
También podrá ser autorizado para realizar estancias formativas en centros de recocido prestigio, tanto nacionales como extranjeros.
Excedencia de cinco años
El tiempo máximo de una excedencia voluntaria a la que puede acogerse un investigador será de cinco años, periodo en el que el Estado le garantizará no sólo el puesto de trabajo, sino también la antigüedad, algo que no ocurre actualmente con las excedencias de los funcionarios.
En opinión de Guinovart, responsable de la Confederación de Sociedades Científicas, "los científicos consideran que la movilidad que ofrece la futura Ley resulta positiva, pero el tiempo que se ha otorgado es muy corto para una actividad como la suya, donde los proyectos requieren un largo plazo de maduración".
En cualquier caso, la concesión de una excedencia estará subordinada a las necesidades del servicio y al interés del organismo o universidad. Agotados los cinco años, deberán pasar otros dos para solicitar un nuevo permiso temporal.
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