La futura ley de la Ciencia obligará a hacer un contrato a 600 becarios asturianos
La futura ley de la Ciencia obligará a hacer un contrato a 600 becarios asturianos
La Universidad y el Principado elogian el borrador elaborado por el Ministerio de Ciencia e Innovación
La ministra Garmendia estudia mañana la propuesta legislativa con los consejeros autonómicos
La futura ley de la Ciencia obligará a hacer un contrato laboral a unos seiscientos investigadores predoctorales de la Universidad de Oviedo. Así lo explicó ayer Santiago García Granda, vicerrector de Investigación de la institución académica, quien precisó que el borrador de la normativa que ha diseñado el Ministerio de Ciencia e Innovación puede suponer «un gran impulso para la modernización del ámbito científico», si bien advierte de que «las mayores dificultades estribarán en el desarrollo legislativo que requiere su aplicación».
También el Gobierno regional ve con buenos ojos el texto. «La impresión inicial es positiva, porque da respuesta a muchas demandas, entre ellas la carrera del personal investigador», subrayó Míriam Cueto, directora general de Universidades, a quien, no obstante, no se le oculta que «sigue habiendo reivindicaciones» por parte de determinados colectivos.
Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación, se reunirá con los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas mañana, miércoles, con el objeto de estudiar el borrador del anteproyecto de la futura ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, tras la reunión técnica mantenida en la sede de su departamento el pasado jueves. La legislación actualmente vigente data de 1986. La Ministra pretende que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de ley el próximo día 12.
Garmendia enfatiza que la nueva ley se propone, entre otros objetivos, «atraer y retener talento, y para ello ofrece una carrera profesional estable, predecible, basada en méritos y reconocible socialmente». Hasta el momento, los investigadores que están realizando el doctorado se nutren principalmente de ayudas de cuatro años, los dos primeros de beca, con cotización reducida a la Seguridad Social, y los dos últimos con contrato laboral, si bien algunas comunidades autónomas tienen sistemas de 1+3 o incluso de 0+4.
«Vamos a ser pioneros en Europa en cuanto a la defensa de los derechos de los jóvenes investigadores», indica la Ministra. El borrador estipula que «los investigadores que, dentro de los estudios de doctorado, realicen tareas de investigación en un proyecto específico y novedoso podrán ser contratados mediante un contrato predoctoral, cuya duración máxima no podrá exceder de cuatro años, o de seis en el caso de personal investigador en el que concurra una discapacidad».
El vicerrector de Investigación de la Universidad de Oviedo considera que esta medida «suprime la precariedad». A juicio de Santiago García Granda, un aspecto «muy positivo» del borrador de la ley radica en que promueve la internacionalización de las plantillas de investigadores. El vicerrector también ve con buenos ojos que el texto haga hincapié «en las cuestiones éticas», que busque un fortalecimiento de la colaboración entre las empresas y las universidades en materia de investigación y que estipule la evaluación de la actividad científica. «Tenemos depositada una gran esperanza en esta ley», apostilla el vicerrector, quien teme que «quizá no sea el mejor momento para ponerla en marcha» pero agrega que «quizás ese teórico mejor momento no exista».
La valoración del Gobierno asturiano también es positiva. «El borrador representa un avance muy importante, particularmente el hecho de que desde el primer momento los contratos predoctorales tengan carácter laboral», indica Miriam Cueto. La directora general de Universidades destaca la relevancia de «integrar los diecisiete sistemas autonómicos de ciencia y tecnología con el sistema general» y de propiciar «una mayor coordinación para aumentar la eficiencia de los recursos disponibles».
Según Míriam Cueto, la ley de 1986 «era buena, pero se ha visto superada por la realidad de la ciencia de España, que necesita un nuevo marco normativo más amplio y ajustado a su realidad actual».
«Las mayores dificultades estribarán en el desarrollo legislativo que requiere»
Vicerrector de Investigación
«Es muy importante integrar los diecisiete sistemas autonómicos de ciencia y tecnología»
Directora Gral. de Universidades
«Vamos a ser pioneros en la defensa de los derechos de los investigadores jóvenes»
Ministra de Ciencia
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