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Publicado por Emilio Castro en 15/02/10 11:50h mensajes: 537

La Ley de Ciencia sigue encallada y los investigadores temen que ya no vea la luz

Por segunda vez en poco tiempo, investigadores y científicos saldrán a la calle el próximo 6 de marzo para exigir mejores condiciones profesionales y más inversiones del Gobierno en I+D+i. Las manifestaciones del presidente Zapatero y de la ministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia, de que no había merma en las partidas presupuestarias destinadas a la investigación no han convencido a la comunidad científica, en especial a sus miembros más jóvenes, que se enfrentan al dilema de emigrar al extranjero o acomodarse a unas condiciones de precariedad y subsistencia. Y no les debe de faltar razón por cuanto el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante, tras haber anunciado en 2008, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Pese a que la Comisión de Ciencia del Congreso aprobó la pasada semana una moción que da tres meses de plazo a la ministra Garmendia para que inicie el trámite parlamentario, la historia de esta ley es el relato de un aplazamiento tras otro hasta el estancamiento actual. Muestra de este fracaso es que incluso le costó el cargo al anterior secretario de Estado de Investigación, Carlos Martínez, y que su sustituto, Felipe Pétriz, se está estrellando contra la burocracia gubernamental y ha sido incapaz de cumplir con el plazo del 3 de febrero comprometido por el propio Zapatero para presentar la Ley en el Congreso. En efecto, el proyecto se encuentra encallado en los laberintos ministeriales y está a expensas de los informes, exigencias y puntualizaciones de al menos cuatro departamentos: Economía y Hacienda, por razones presupuestarias, pues poner en marcha una ley de estas características exige más gasto público; e Industria, Sanidad y Política Territorial, los cuales escudriñan cómo afecta a sus competencias ministeriales o a las de las comunidades autónomas. De entre todos estos fiscalizadores, el más riguroso es, sin duda, el departamento de Elena Salgado, por la sencilla razón de que tiene que recortar el gasto público en 50.000 millones de los planes puestos ya en marcha. No es difícil deducir que, en estos casos, las primeras víctimas del recorte son aquellas iniciativas que ni siquiera han logrado llegar al BOE. Se cumplen así los peores temores de los jóvenes investigadores, que ya alertaron hace meses de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología sufría un recorte presupuestario del 15%, en especial las partidas destinadas a investigación y becas. Si a ello se le añade que el departamento de Garmendia sufrirá un nuevo reajuste de unos cien millones, dentro de los 5.000 que espera recortar Salgado este año, todo parece confabularse para que la Ley de Ciencia siga durmiendo en el cajón, haciendo buena la tristemente célebre frase de Unamuno, «¡que inventen ellos!». Lo más sarcástico es que el mismo Gobierno que promete cambiar el modelo productivo y dar el salto a la sociedad del conocimiento es el que posterga la ley fundamental para dar ese quimérico impulso.

La cuestión de fondo no es que haya más o menos dinero, sino las preferencias y prioridades del gasto. En vez de investigación, que no ofrece una rentabilidad electoral inmediata, el Gobierno socialista prefiere emplear los fondos públicos en desarrollar leyes como la del aborto, que incluye generosas partidas para pagar a las clínicas privadas. Y prefiere también recortar antes de Ciencia que de Igualdad, un Ministerio cuya existencia sólo está justificada por la propaganda, para satisfacer al feminismo radical o para emplear el dinero en posavasos para los burdeles.

http://www.larazon.es/noticia/3096-para-investigar-no-hay-dinero