La Ley de la Ciencia provoca la furia de los investigadores
LUIS MARTÍNEZ
El borrador presentado por el Gobierno amplía al sector privado la precariedad que sufre el personal dedicado a la investigación en España, según revela un documento muy crítico con la futura ley, al que ha tenido acceso nuevatribuna.es
NUEVATRIBUNA.ES. 17.07.2009
El Gobierno pretende hacer ciencia del siglo XXI con contratos del siglo XIX, a juzgar por las críticas que ha desatado el último borrador de la futura Ley de la Ciencia en medios sindicales. En estas fuentes señalan que la propuesta del Ejecutivo “dinamita el Estatuto de los Trabajadores” al extender al ámbito privado las carencias que sufren los investigadores públicos en España. Lejos de dar estabilidad al colectivo de científicos, técnicos y administrativos vinculados al I+D+i español, el nuevo anteproyecto de ley “disfraza como carrera profesional” lo que, según estas fuentes, no es otra cosa que un conjunto de “fórmulas” para validar el actual encadenamiento de contratos temporales a que se ven sometidos los científicos en España. Hasta el punto de que el borrador fija un límite para esta contratación temporal que alcanza los trece años.
El anteproyecto de la Ley de la Ciencia y la Tecnología que presentó el Ministerio de Trabajo el pasado 14 de julio ha despertado la furia de los investigadores y el personal técnico y administrativo que está ligado a la Ciencia en España. El sector del I+D+i, al que el Gobierno, por otro lado, fía la recuperación económica del país a medio plazo, lejos del agotado ‘ladrillo’, amenaza con provocar una insurrección en el paciente personal investigador, si prospera el borrador presentado por el Ministerio de Trabajo con “falta de buena fe negociadora”, afirman en estas fuentes. Además, aseguran que supondrá “un gravísimo perjuicio” para los investigadores y el personal técnico. Y sostienen que el nuevo modelo extiende al ámbito privado la práctica de mantener con fórmulas de contratación temporal a los investigadores, que se aplica con profusión en las administraciones públicas.
Siete mil investigadores trabajan en la actualidad con contratos precarios en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), más de la mitad del personal que labora en el máximo órgano investigador en España. Además, a lo largo de los últimos veinte años, las comunidades autónomas y el Estado central han abierto diversos centros investigadores que no siempre muestran una buena coordinación entre sí. Por todo ello, se necesita una Ley de la Ciencia, aseguran en fuentes del medio. Por otro lado, el Gobierno prepara una Ley de Economía Sostenible, según anunció en el Congreso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien, paradójicamente, anunció la nueva ley como una muestra de la voluntad de su Gobierno de variar el patrón de crecimiento español hacia actividades ligadas a la innovación tecnológica (I+D+i), una vez agotado el modelo de especulación inmobiliaria.
Sin embargo, Comisiones Obreras afirma que la nueva versión del anteproyecto establece una regulación especial que contradice las normas de contratación de los trabajadores y de los funcionarios públicos, en concreto en su Título II, según indica un documento muy crítico del sindicato, al que ha tenido acceso nuevatribuna.es. Para Comisiones, el nuevo marco que presenta el borrador del anteproyecto de Ley de la Ciencia supone “un gravísimo perjucio” para la seguridad y la estabilidad de los trabajadores, ya que, con el pretexto de la flexibilidad, plantea un nuevo marco donde aumenta la inestabilidad en el empleo de “los recursos humanos dedicados a la investigación”, concluye.
Además, la propuesta del Ministerio de Trabajo “hurta el derecho de negociación colectiva de los sindicatos”, continúa. “Por ley, se pretende establecer el desarrollo de la carrera profesional del personal investigador”, ya preste sus servicios “en una entidad pública o privada”, a pesar de que esa materia está reservada a la negociación de los convenios colectivos, y en el caso de los funcionarios, a las mesas de negociación de la función pública.
Según Comisiones Obreras, el borrador “empeora las propuestas sobre los modelos contractuales” y establece nuevas formas de contratación de carácter temporal en los contratos predoctoral, postdoctoral y de acceso, todas ellas sin causa.
Asimismo, “disfraza como carrera profesional” fórmulas de contratación temporal con un límite de trece años, divididos en períodos máximos de cuatro años con contratos de formación predoctoral, más otros tres años con otro contrato postdoctoral y otros cinco para el personal investigador con título de doctor.
Sin embargo, lamenta el sindicato, el anteproyecto de Ley en fase de borrador desarrolla “de forma muy concreta” la modalidad de contratos para investigadores “distinguidos”, indica el sindicato, que destaca una parte de su articulado donde se definen incluso las indemnizaciones que les corresponden a estos investigadores en casos de despido o extinción de contrato.
En fin, el sindicato critica que el borrador de la futura ley no plantea normativa alguna que propicie la estabilidad en el empleo de los actuales contratos de carácter temporal para la realización de proyectos de investigación e incorporación de investigadores.
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