Los investigadores critican con dureza el anteproyecto de la nueva ley de Ciencia
Los investigadores critican con dureza el anteproyecto de la nueva ley de Ciencia
Expertos dirigidos por el asturiano Juan Luis Vázquez denuncian carencias de fondo
Los científicos temen que se agrave la secular desconexión con las autonomías
La ministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia, tendrá que trabajar de lo lindo para mejorar el anteproyecto de ley de la Ciencia y la Tecnología tras el informe emitido por un grupo de doce investigadores de prestigio internacional dirigidos por el matemático asturiano, Juan Luis Vázquez. El informe, muy crítico con algunos aspectos del anteproyecto de ley, será presentado hoy en Madrid por el propio Vázquez, junto a Joan Guinovart, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE).
El estudio valora la propuesta de una carrera investigadora alternativa a la funcionarial, pero recuerda el fracaso de la ley de Ciencia ahora vigente, la de 1996, en el objetivo de coordinar los esfuerzos de la Administració n del Estado y de las distintas comunidades autónomas en materia de I+D.
Los investigadores, que pertenecen fundamentalmente a universidades de Madrid, Barcelona y Valencia, han elaborado catorce puntos débiles del texto legislativo, y temen que los problemas de desconexión con las comunidades autónomas vuelvan a reproducirse «porque la participación de las CC.AA. no está suficientemente elaborada». La lista de «suspensos» es larga: una ley de ámbito reducido, unos artículos engorrosos, una relación entre docencia, formación e investigación desvirtuada, poco reflejo del «gran papel» que las universidades juegan en la investigación en España, nulo reflejo de la investigación en los hospitales, y poca concreción en explicar vías de financiación.
El equipo dirigido por el asturiano Vázquez señala que «el nuevo marco legal debe establecer mecanismos eficientes de coordinación y de colaboración entre las administraciones públicas con competencia en materia de investigación científica y técnica, y de articulación de las estrategias españolas con las de la Unión Europea (UE)». El informe abunda en que «el anteproyecto de ley aporta soluciones interesantes e innovadoras» pero a la vez señala «sus carencias de fondo que pueden hacerla poco operativa o poco realista».
El anteproyecto de ley crea el Consejo de Política Científica y Tecnológica, que va a ser un órgano de coordinación general constituido por dos ministros -Ciencia e Industria- y por los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas. Es precisamente ese Consejo el que se encargará del «intercambio de información» entre el Estado y las autonomías, y de determinar los criterios de distribución de las ayudas europeas.
Se crea también el Comité Nacional de Ética de la Investigación, un organismo que entre otros aspectos será el encargado de establecer los principios generales para la elaboración de códigos de buenas prácticas. El propio texto legislativo aclara que el nuevo organismo es independiente del Comité de Bioética, uno de cuyos miembros es el asturiano Marcelo Palacios.
La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CSICT) será el eje troncal de la nueva política científica española. Sustituye al CSIC, es de esperar que en algo más que en el nombre. El CSICT tendrá divisiones de investigación y para tal efecto el anteproyecto de ley contempla tres: la división de investigación de Ciencias Humanas y Sociales, la de Tecnología de la Materia y la de Ciencias de la Vida.
Son tres contenedores con personalidad jurídica propia que se llevan por delante a unos cuantos organismos autónomos como el Instituto de Salud Carlos III, el Instituto Español de Oceanografía, El Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria y el Instituto Geológico y Minero de España.
El proyecto de ley aborda la carrera profesional del personal investigador, muy demandada desde el sector, aunque el equipo de Juan Luis Vázquez critica que el texto «no garantiza que se resuelva el problema de la selección de personal investigador de calidad ni la movilidad del mismo». Los investigadores lamentan que el anteproyecto de ley, tal y como les ha llegado, no garantiza los controles y la rendición de cuentas adecuados: «Un sistema en que los agentes ineficaces no incurren en riesgo alguno conduce, a largo plazo, al fracaso de todo el sistema».
El catedrático de la Autónoma de Madrid, Juan Luis Vázquez destacaba ayer la «buena sintonía» con la ministra Garmendia y la necesidad de «afinar un poco más» en el texto legal «porque las buenas intenciones no siempre traen como consecuencia una ley operativa». Vázquez califica de «poco serio» el cambio ministerial reciente que dejó al departamento de Ciencia y Tecnología sin parte de sus competencias, las de Educación.
Algunas de las críticas
1.- La ley es de ámbito de aplicación reducido.
2.- Hay en muchos artículos demasiado espíritu reglamentista y un exceso de detalles inapropiado.
3.- La participación de las comunidades autónomas no está suficientemente elaborada.
4.- Las palabras «docente» o «docencia» no se reflejan en el texto, lo que resulta significativo.
5.- No se define una Agencia de Evaluación con garantías de independencia respecto de las fuentes de financiación.
6.- Una descripción «problemática» de la carrera investigadora alternativa.
7.- La ley ofrece dificultades de interpretació n legal, entre ellas la falta de personalidad jurídica de algunos agentes previstos, lo que les impedirá poder contratar personal.
8.- No se describen las vías de financiación de las agencias de financiación que contempla el anteproyecto.
9.- No se refleja la actividad investigadora desarrollada en los hospitales.
10.- No se recogen procedimientos operativos para escuchar a la comunidad científica e investigadora.
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