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Publicado por Emilio Castro en 27/03/10 12:52h mensajes: 537

Luces y sombras de la ley de Ciencia

Representantes de la comunidad universitaria alicantina se muestran divididos ante el anteproyecto de ley que regula la actividad científica, que consideran necesaria actualizar pero también subrayan sus carencias

ÁFRICA PRADO
La nueva Ley de Ciencia, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 12, ha generado un debate entre los miembros de la comunidad universitaria y científica, que coinciden en el mal momento en el que se alumbra esta norma, en plena crisis económica, y se dividen entre la excesiva "funcionarización" de los investigadores, que según algunos de los consultados propicia la ley, y la estabilidad laboral que proporciona, según otros.
Uno de los mayores defensores de la norma es el rector de la Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda, quien considera que "con todas las trabas que tiene, la ley va en buena dirección y no se puede descalificar. Es valiente, aunque algunos científicos creen que tenía que ser más atrevida, pero hay que ser consciente de lo que un Gobierno puede hacer en este momento", al tiempo que cree que "es importante tener una nueva Ley de Ciencia porque era necesario ponerla al día".
Raneda señala que el Consejo de Universidades realizó un informe favorable a la ley, aunque condicionado a algunas observaciones para su aceptación, y añade que el impacto de la nueva norma "depende mucho de las disposiciones presupuestarias para materializarse y la principal preocupación es que disponga de recursos". Respecto a la "funcionarización" de los investigadores, el rector cree que ello no afecta a los investigadores de los Organismos Públicos de Investigación y poco a los investigadores universitarios porque tienen un régimen propio, pero sí beneficia a los investigadores fuera del marco universitario: "Se puede seleccionar a investigadores, sin restricción de nacionalidad, que, tras cinco años, pueden optar a un contrato indefinido si su rendimiento es bueno. Que los becarios tengan derechos laborales es bueno porque se amplía su cobertura social, aunque hace más cara esa figura".
Por su parte, el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Rodríguez Marín, considera que la ley es "buena, necesaria e interesante", pero apunta que "podía haberse madurado más en algunos aspectos, sobre todo en relación con las universidades, que hacen un esfuerzo mayor en investigación". Rodríguez Marín señala que "la ley posibilita la entrada de investigadores a la universidad a tiempo completo, algo que se reclamaba desde hace tiempo, pero también posibilita que se transformen en personal docente investigador y eso es ya más complejo y se tendría que haber armonizado, ahora que se prepara el estatuto del personal docente investigador por el Ministerio de Educación".
Para el rector, el problema no es tanto que se estabilice al investigador, siempre que obtenga resultados, sino que ello genere conflicto entre el personal docente y el investigador, ya que "los investigadores pueden optar a plazas de personal docente investigador con requisitos diferentes, o sin el requisito de tener una acreditación, y eso, esa discriminación positiva, puede despertar recelos entre el personal docente". Además, añade que tampoco queda resuelto cómo afrontan las universidades la financiación de las plantillas, ya que "esto se diseña desde un órgano estatal pero luego quienes tienen las competencias en materia de universidades son las comunidades autónomas".
El vicerrector de Investigación de la UA, Manuel Palomar, opina que la ley debería abordar las competencias en investigación científica de las comunidades autónomas y establecer mecanismos eficaces de coordinación entre países de la Unión Europea, "y eso no está claramente establecido". Palomar cree que la norma "es muy general, tiene muy buenas intenciones, pero poco calado" y abunda en sus puntos débiles, entre los que destaca que "no refleja el gran papel que las universidades juegan en la investigación, ni la investigación que se hace en hospitales y desvirtúa la relación entre docente e investigador", al tiempo que cree que la carrera investigadora , "alternativa a la que rige en las universidades, puede ser problemática y no garantiza que se resuelva el problema de la selección de personal investigador ni de calidad".
"A mi no me gusta demasiado" la nueva norma, admite el director de la Escuela Politécnica Superior de la UA, Fernando Llopis, quien lamenta que no sea "más arriesgada; es muy conservadora para proceder de un gobierno progresista y no veo que vaya a dinamizar la actividad científica". A su juicio, aunque la ley regula cosas como el acceso de los becarios, "en vez de potenciar el funcionario investigador deberíamos tender al modelo americano, donde el que mejor investiga es el que más gana y más medios tiene; hay que valorar la competitividad".
Para el director del Instituto de Bioingeniería de la UMH, Eugenio Vilanova, "aunque tenga muchas críticas de detalles, en conjunto me parece bastante positiva e integradora, aunque llega en mal momento para desarrollarla desde el punto de vista económico". Vilanova ve positivo los contratos de investigación, "pero deja fuera otros centros de investigación que no pertenecen a la administración pública, como los centros mixtos o los vinculados a la red sanitaria". Añade que el contrato indefinido tras cinco años de investigación y la posibilidad de convertirse en funcionario "hay quien lo critica, pero los que lo hacen suelen tener un trabajo estable; la estabilización es buena siempre que se evalúe", y añade que la ley debería ser más exigente con la participación de la empresa privada en la actividad investigadora".
A su vez, la directora de la Escuela de Enfermería de la UA, Ana Laguna, estima que la ley es "bastante positiva" porque facilita el desarrollo en I+D y apunta que "permitirá a los investigadores compaginar la función pública con la privada y eso es la excelencia puesta al servicio de la empresa y favorecerá la gestión de talentos".

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