Los investigadores jóvenes acusan a Ciencia de “hacer oídos sordos” a su propuesta de un Pacto de Estado
MANIFESTACIÓN NACIONAL EN MADRID BAJO EL LEMA INVESTIGAR ES INVERTIR EN FUTURO
Los investigadores jóvenes acusan a Ciencia de “hacer oídos sordos” a su propuesta de un Pacto de Estado
Dicen que la ley que ultima el ministerio no garantiza sus derechos laborales desde el inicio de la carrera
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, prevé presentar el borrador de la Ley de Ciencia al Consejo de Ministros el próximo 12 de marzo. Un texto con el que numerosos colectivos de investigadores no están de acuerdo. Entre otros puntos, destacan que no garantiza sus derechos laborales desde el inicio de la carrera investigadora. Así lo explica Salomón Aguado, portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), una de las siete asociaciones convocantes que el sábado reunió en Madrid a cientos de becarios precarios. Asegura que el documento de Garmendia “es un parche que no paliará los destrozos ocasionados por el recorte de este año” y critica que el Ministerio “hace oídos sordos” a las voces que piden un “Pacto de Estado por la Investigación”.
Entre las quejas que más repetían los portavoces en la marcha transcurrida desde la Plaza de Colón hasta Sol, se encontraban el “exceso de burocracia” y la “gran heterogeneidad de convocatorias” a las que se ve obligada la savia investigadora de este país. También contradicen argumentos de la ministra Garmendia, como la presentación de España como novena potencia investigadora mundial cuando en realidad, según Salomón Aguado, “sólo se dedica el 1,35 por ciento del PIB, lejos de la media de la UE, un 2 por ciento, y por tanto nos sitúa entre países como Irlanda o Estonia”.
Descoordinación entre Ciencia y Educación
Además de las trabas burocráticas, otra de las demandas de estos profesionales es una mayor coordinación entre los Ministerios de Ciencia e Innovación (MIC) y Educación, que provoca “gran ineficacia en las convocatorias y un desperdicio de recursos económicos”, además de la ausencia de una base de datos común que certifique, por ejemplo, el volumen y situación de cada uno de estos trabajadores. “El propio Ministerio desconoce cuántos jóvenes investigadores trabajamos ahora mismo en España. El INE dice 280.000, pero las cifras son confusas. Además, es un concepto que Ciencia define según le interesa. Y más allá de la edad, sin una carrera definida, muchos se quedan en el camino y abandonan”, resalta Aguado.
El recorte presupuestario fue el detonante para que las asociaciones profesionales de investigadores aunasen esfuerzos contra un proyecto legislativo que consideran “inaceptable”. Si bien a lo largo de estos meses han mantenido un “contacto continuo” con representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación, Aguado asegura que se sienten frustrados porque una de sus principales reivindicaciones, “un Pacto de Estado por la Investigación”, no hace mella en el debate con el MIC. Para el portavoz de la FJI, el borrador de la Ley no cuenta con el beneplácito de “gobiernos autonómicos y locales, universidades, investigadores y agentes sociales”, por lo que define el proyecto de “parche partidista que establecerá investigadores de primera y de segunda”.
En la clausura de la manifestación, otras voces se sumaron a las reivindicaciones, como Juan de la Figuera, presidente de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España (Aacte), quien identificó los "males endémicos" de esta profesión en "los cambios de responsables burocráticos" y la "falta de planificación en la selección de recursos humanos", entre otros.
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