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Publicado por Mª Dolores en 10/06/09 12:01h mensajes: 84

Durante el año entrante, el departamento que dirige Ángel Gabilondo deberá concluir la reforma del sistema universitario. Los estatutos del personal docente y del estudiante, así como la financiación, son algunos de los problemas pendientes más acuciantes. Alumnos y profesores aún muestran desconcierto ante el espacio europeo

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ÁNGEL DÍAZ

Bolonia ya está en marcha y el Ministerio de Educación, según el compromiso que el nuevo gabinete de Ángel Gabilondo ha heredado del de Cristina Garmendia, asegura que de aquí a septiembre habrá mil títulos aprobados. El curso que acaba, repleto de protestas, encierros y manifestestaciones contra la adaptación al Espacio Europeo de Ecucación Superior (EEES), ha sido crucial; pero el que entra lo será aún más si cabe.

Los estudiantes siguen sin saber, en su gran mayoría, qué es exactamente Bolonia; los profesores aún muestran desconcierto y, en algunos casos, descontento, y las administraciones públicas todavía tienen pendientes algunos importantes deberes.

Aún no se sabe cómo será la nueva Ley que definirá la financiación de las universidades y habrá que concretar mejor la coordinación entre entidades políticas al menos en dos sentidos: entre Administración central y autonomías, por un lado, y entre los dos ministerios con competencias universitarias, Educación y Ciencia e Innovación, por el otro.

Los estatutos del personal docente e investigador y del estudiante se encuentran también entre los deberes más acuciantes del Ministerio de Educación. Ambos están en marcha como borrador y ambos deberán dibujar el marco de derechos y obligaciones en que profesores y alumnos universitarios puedan afrontar los objetivos marcados por Bolonia.

Unos y otros esperan que los documentos, que estarán listos a finales de año, reflejen sus inquietudes. Los alumnos vieron serios problemas en el último borrador, presentado en enero de este año, sobre todo en lo relacionado con el nuevo Consejo del Estudiante Universitario. Durante las próximas semanas, el Ministerio de Educación celebrará una ronda de reuniones con los alumnos involucrados para tratar de solventar el principal problema surgido del borrador: la representatividad. Varias asociaciones de estudiantes han criticado que el nuevo Consejo, una vieja reivindicación de los universitarios, estaría controlado en exceso por el Gobierno.

De acuerdo con Francisco Michavila, director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), «es necesario establecer ámbitos en los que los estudiantes puedan asumir responsabilidades: la cesión de parte de la gestión de las universidades, que puedan incorporarse en tareas de apoyo a otros estudiantes...».

Del mismo modo, el personal docente e investigador también aguarda su nuevo Estatuto, del que se espera que establezca una medición del trabajo del profesorado más adecuada a las nuevas tareas y obligaciones que ha traído consigo Bolonia. «Si se quiere que el profesor adquiera un papel de guía, haga un seguimiento del trabajo del alumno, desglose a los estudiantes en grupos de proyectos, elabore materiales y se preocupe de que el estudiante sepa aplicar y explicar los conocimientos que adquiere, no se puede depender simplemente de la buena disposición del profesor; todo esto tiene que estar reconocido», señala Michavila.

INVESTIGADORES E INDUSTRIALES CREEN QUE HA RETIRADO MUY PRONTO SU APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y LA CULTURA EMPRENDEDORA

ÁNGEL DÍAZ

http://www.elmundo.es/suplementos/campus/2009/547/1239746403.html

Por SEQUEIROS.
La que se anunciaba como una de las grandes apuestas de la presente Legislatura, la innovación, ha quedado cercenada de la Universidad, aún no se sabe con qué consecuencias, en la reciente remodelación ministerial emprendida por José Luis Rodríguez Zapatero. El cambio de rumbo, una «rectificación» en palabras del propio presidente del Gobierno, ha despertado una mezcla de expectación, decepción y recelos en los ámbitos académicos, científicos e industriales.

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha aunado durante un año los ámbitos, cada vez más relacionados, de I+D y Educación Superior, en un intento de potenciar la llamada 'tercera misión' de la Universidad. De esta forma, el principal reto era fomentar la cultura emprendedora y la transferencia de conocimiento, junto a los tradicionales objetivos investigador y docente.

La vinculación entre Universidad y empresa ha sido, precisamente, el principal caballo de batalla de los colectivos anti Bolonia. Ahora, la Universidad vuelve a la cartera de Educación, en una maniobra que responde, según el propio Rodríguez Zapatero, a la exigencia de potenciar la «explicación y el diálogo» y a la «personalidad» del nuevo ministro de Educación.

Si el reto de la adaptación a Bolonia estaba antes en manos de Cristina Garmendia, científica procedente del mundo empresarial y con un marcado perfil técnico, ahora queda bajo el mando de Ángel Gabilondo, catedrático de Metafísica, ex rector de la Universidad Autónoma de Madrid y con una trayectoria indefectiblemente ligada al entorno académico.

Pero, en espera de que el nuevo organigrama de Educación quede definido, muchos temen que la investigación y la I+D, dependientes en gran parte de la Universidad, hayan quedado olvidadas. «No es sólo que el Ministerio pierda peso o que la ministra pierda peso; la política de Innovación también ha perdido peso», lamenta Íñigo Segura, director general de los Centros Tecnológicos de España (Fedit), quien reclama «más estabilidad».

En la misma línea se muestra el investigador Juan de la Figuera, vicepresidente de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España (Aacte): «No tiene sentido estar cambiando las cosas; los gobiernos hacen experimentos y no esperan a ver los resultados», indica.

Junto a las tensiones suscitadas por la inmersión en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), algunos señalan otro elemento que ha podido influir en el nuevo viraje: el supuesto alejamiento de la ministra de Ciencia e Innovación respecto a la Universidad, denunciado reiteradamente por la Oposición del Partido Popular.

«En algunos ámbitos universitarios, sin que se apruebe la nueva estructura, tampoco se considera una sorpresa por que se considera que la gestión de la Universidad resultaba incómoda a quien queda como responsable de Innovación Cristina Garmendia», según relata José Capilla, catedrático de Física de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) ha expresado su descontento con algunos aspectos del borrador del Estatuto. «Se continúa incentivando el trabajo sin contrato. El articulo 15, en su punto 4, habla de la posibilidad de impartir docencia a gente con beca. La docencia teórica (las clases) debería ser impartida por doctores con un reconocimiento de dicha tarea por parte de la Universidad», apuntan desde FJI.

Otra consecuencia de las reformas es que las universidades gozan ahora de mayor autonomía, lo que debería tener su reflejo en la financiación que reciben. El Ministerio espera un informe sobre este asunto a finales de año, por lo que la reforma de la financiación no llegará de inmediato, pero dará mucho que hablar el curso que viene.

Junto a las leyes y ordenamientos que aún no han llegado, hay normas que ya han sido publicadas pero están pendientes de ver cómo se concretan. Es el caso de las fichas que definen las atribuciones profesionales de los nuevos grados de Ingeniería, que aparecieron en el Boletín General del Estado (BOE) el pasado mes de febrero y ante las cuáles han interpuesto una reclamación los colegios de ingenierios técnicos. Miguel Ángel González, decano del Colegio de Aeronáuticos, se muestra convencido de que la reclamación prosperará, ya que las fichas contradicen, en su opinión, un Real Decreto anterior. «Hemos impugnado todo aquello que va en contra de lo establecido en el Real Decreto», aclara González. «Tiene que salir bien: de acuerdo con la jerarquía jurídica de las leyes, el real decreto prevalece ante una orden ministerial», añade.

Otras profesiones reguladas, como el Derecho, están pendientes de que se culmine la nueva legislación. La ley de acceso para el ejercicio de la abogacía entrará en vigor en 2011 y está a falta de que se respondan algunas alegaciones y se concrete el reglamento que la desarrolla. «Somos el único país de Europa que no tiene prueba de acceso», comenta Francisco Real, decano del Colegio de Abogados de Valencia.

La coordinación entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y sus organismos homólagos autonómicos, en especial el de Cataluña, también podría dar algún quebradero de cabeza. En su reciente comparecencia parlamentaria, Ángel Gabilondo quiso tranquilizar a sus interlocutores en este sentido: «Estamos trabajando para encontrar una pronta solución para contar con la participación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña», indicó el ministro.