“Nadie tiene que sentir inquietud alguna”, ésta fue la frase que lanzó D. Mariano Rajoy la noche del 20 de Noviembre de 2011. Sin embargo, las alarmas de la comunidad científica se han encendido. En tan solo un mes, se anunció la supresión del Ministerio de Ciencia e Innovación, y el traspaso de todas las políticas de I+D+i a una Secretaría de Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, más un recorte de 600 millones a las ayudas de I+D+i, para reducir el gasto del Estado.

La situación actual, proveniente de unos presupuestos recortados y congelados, se ha vuelto insostenible. Asistimos a un lamentable y vergonzoso espectáculo en el que investigadores de muchos centros están siendo despedidos de la noche a la mañana, y centros de investigación destinados a convertirse en referentes europeos han llegado casi al extremo de tener que financiarse a través de la mendicidad. Muchos/as científicos/as españoles brillantes, cuya formación ha sido en muchos casos financiada por el Estado, tienen que huir literalmente de la precariedad que asola a la comunidad científica en España e irse al extranjero a ejercer su labor, donde se valora su potencial y se ofrecen unas condiciones dignas. Ayudan a otros países a desarrollarse mientras ven que el suyo se hunde.

Y es que, esto que el Gobierno considera como “gasto” los ciudadanos lo entienden como “inversión” esencial. Prueba de ello es que, a raíz de este anuncio de recorte de presupuesto de I+D+i, han surgido varias iniciativas sociales. Por ejemplo, una propuesta para que se incluya una casilla en la declaración de la renta para donar el 0,7% del IRPF a la ciencia. Iniciativa que, a fecha de redacción de este escrito, han apoyado más de 260.000 personas. También se han lanzado proyectos solidarios, como el “Proyecto Paula”, o la Asociación Granadina de la Ataxia de Friedreich, que intentan recaudar donaciones para poder investigar la cura de la diabetes y la Ataxia de Friedreich, respectivamente.

Detrás de esta movilización social, hay un mensaje claro. Los ciudadanos han demostrado que quieren que sus impuestos sirvan para financiar la investigación, y comparten el malestar y preocupación por la situación actual. Al margen de nuestro parecer sobre estas iniciativas, las asociaciones abajo firmantes valoramos muy negativamente el contexto en el que se han producido. Independientemente de si este tipo de iniciativas prosperan, el Estado no puede renunciar a invertir en I+D+i. La caridad a nivel personal no puede compensar el recorte y menos en un asunto que nos beneficia a todos. La situación es crítica y si continúa por ese camino, el sistema español de I+D+i no aguantará otro recorte presupuestario y muchas universidades y centros de investigación llegarán al colapso. Esto supondría el sacrificio de toda la infraestructura de investigación que tantos años se ha tardado en construir, y el desperdicio del talento de muchas generaciones de investigadores/as.

El Gobierno tiene la firme convicción de que lo mejor para España es mantenerse en la Unión Europea y avanzar en conjunto con ella. Desde Europa se ha instado a España a que invierta en investigación y educación, recordándonos que sin estos dos pilares, un país se estanca y se imposibilita su desarrollo. No podemos basar nuestro modelo económico en soluciones a corto plazo. Si un país quiere ser competitivo no puede limitarse a copiar las ideas de otros, tiene que ser capaz de generar las propias, adelantarse al resto.

Entendemos que la situación económica que atravesamos es muy grave pero la inversión en I+D+i ha de hacerse con seriedad y rigor, y debe plasmarse en los Presupuestos Generales del Estado como una inversión plurianual estable.
Se ha anunciado con mucho entusiasmo la creación de un Plan de Turismo. ¿Se va a dedicar el mismo entusiasmo a un Plan de Ciencia?
Los ciudadanos han transmitido que entienden la importancia de invertir en ciencia para el desarrollo del país; y están dispuestos a hacerlo. Es el turno de los responsables políticos de materializarlo.