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Preámbulo

Con este documento, la Federación de Jóvenes Investigadores quiere contribuir al diseño de un modelo de Carrera Investigadora en España, aportando posibles soluciones a algunos de los principales problemas y carencias hallados en el actual sistema de investigación. Este informe está enfocado principalmente al análisis del sector público, entendiendo como tal el que rige la investigación en las universidades y organismos públicos de investigación (OPI), por ser éste el entorno en el que se desarrolla habitualmente nuestro trabajo y, por tanto, del que tenemos un conocimiento más profundo. Sin embargo, todo modelo de carrera investigadora debería ser extensible a los centros de investigación de capital privado y a la empresa en general, estableciéndose además, una interrelación entre la carrera investigadora desarrollada en centros públicos y privados.

Definir la Carrera Investigadora brevemente es difícil, dada la complejidad del tema abordado. Para la FJI, la Carrera Investigadora es la sucesión de etapas en la actividad profesional de un investigador, comenzando tras la obtención del título de Máster. Estas etapas deben suponer un incremento de responsabilidad, independencia, remuneración y recursos. La vinculación del investigador con su centro de trabajo y su remuneración deben estar basadas en todo caso en la formalización de un contrato de acuerdo con la legislación laboral general. El modelo de Carrera Investigadora que proponemos debe ser flexible e inseparable de la existencia de sistemas justos y ágiles de evaluación de méritos; éstos deberán determinar tanto la aptitud para el paso de una etapa a otra, como, dentro de cada una, la remuneración e incentivos que recibirá. Además, se debe:

  1. garantizar los derechos laborales y sociales de todos los investigadores en cualquiera de las etapas de su profesión.
  2. evitar las interrupciones dentro y entre cada una de las etapas de su carrera.
  3. garantizar procedimientos de selección basados en méritos profesionales.
  4. primar la investigación de calidad.
  5. minimizar los trámites burocráticos.
  6. estimular la movilidad de los investigadores en todas las etapas de su carrera, tanto entre diferentes centros como entre el sector público y privado (sin confundir ésta con la inestabilidad laboral).


Estos puntos están recogidos en las recomendaciones de la Carta Europea del Investigador (CEI) y del Código de Conducta para la Contratación de Investigadores (CCCI) (DOUE, 2005). Aunque estos documentos no son vinculantes para los países miembros de la Unión Europea, se espera que todos los estados lo suscriban. A la fecha de redacción de este documento, numerosas instituciones europeas como el CNRS francés, el CNR italiano, las Conferencias de Rectores de Austria, Alemania y Suiza, entre otras, han suscrito dicho documento, mientras que en España, tan sólo el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, así como los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados se han adherido a esta importante iniciativa, pese a la recomendación expresa del Consejo de Universidades (CE, 2007); (MICINN, 2008).

La carrera profesional de un investigador, se articula en diversas etapas:

  1. Investigador no doctor (etapa predoctoral).
  2. Investigador doctor asociado a grupo (etapa postdoctoral).
  3. Investigador doctor con capacidad reconocida para desarrollar líneas de investigación propias pero con puesto no permanente; los investigadores contratados a través del programa Ramón y Cajal (RyC) son el caso arquetípico, aunque existen varios programas similares (etapa de reincorporación).
  4. Investigador con contrato indefinido o funcionario, pertenecientes al cuerpo de profesores de las universidades o al de investigadores de los OPI y fundaciones (etapa de estabilización).



Figura 1. Esquema de las diferentes figuras contractuales en la carrera investigadora en universidades y OPIs en España.

Hasta cierto punto, existen similitudes entre este diseño y el de otros países de la Unión Europea o Estados Unidos. Sin embargo, también existen importantes diferencias en la forma de contratación, los métodos de selección, la incentivación, el seguimiento de los investigadores, etc. Además, un gran número de investigadores carecen de derechos laborales, sufren interrupciones en el tránsito entre las diferentes etapas profesionales por falta de rigor en el sistema de convocatorias, deben su promoción personal a elementos no relacionados con el mérito profesional, tienen poca movilidad profesional, etc. A esta situación hay que añadir la escasez de oportunidades en el sector privado de nuestro país y el poco valor que tiene en muchas empresas la experiencia investigadora previa o la posesión del título de doctor.

Como consecuencia de toda esta problemática, la gran mayoría de los jóvenes investigadores es pesimista con respecto a su futuro (API-UCM, 2003). Además, muchos de los más brillantes investigadores españoles optan por abandonar la investigación o por desarrollarla en otros países.

Una de las causas principales de esta situación es la insuficiente inversión que dedican al I+D tanto las administraciones públicas como el sector empresarial, por debajo de la media de la UE25. Si bien esta inversión ha aumentado desde 2005, cuando España invirtió el 1,12 % del PIB frente al 1,84 % del PIB de la UE25 en el mismo año (Götzfried, 2007), hasta alcanzar en 2008 el 1,35% del PIB en relación al 1,9% del PIB invertido en la UE27 (INE 2012). Este incremento ha sido menor en 2009 y se estancó en 2010 donde la inversión fue del 1,39% del PIB (INE 2011) y posteriormente ha experimentado un descenso hasta el 1,33 % en 2011 (INE 2012), siendo especialmente preocupantes los recortes de más de 2000 millones de euros en 2012 (COSCE 2012); (CCOO, 2013) y 460 millones en 2013 (COSCE 2013). Incluso en ocasiones, esta baja inversión es desaprovechada, ya que gran parte de los presupuestos dedicados a investigación no llegan a ser utilizados debido a una deficiente gestión de los mismos (Nieto Vesperinas, et al., 2003), y a que no existe una política de planificación a largo plazo. Un ejemplo lo constituyen las partidas destinadas a convocatorias de recursos humanos que, cuando no se resuelven en el plazo previsto, algo totalmente normal en nuestra administración, no se ejecutan completamente, debido a que los contratos se posponen. Un sistema de I+D productivo es la base de una economía competitiva, pero la mayor parte de las decisiones al respecto se realizan por motivos políticos, considerando sólo la popularidad inmediata. Por lo tanto, estas medidas no representan un cambio real del sistema que produzca un incremento en la inversión y en la productividad a largo plazo.

La FJI-Precarios considera que las actuales formas de contratación y de financiación en el sistema científico español deben ser sometidas a una gran reestructuración (e.g. (Real, 2013), que debe ir acompañada de un incremento de los presupuestos destinados a investigación y de la gestión eficiente de los mismos. Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 registraron un descenso en la partida para I+D que nos lleva a niveles similares a 2007. Además de esta medida negativa, y como indica el informe de la COSCE (COSCE, 2013), más del 60% de la inversión se produjo en los capítulos 8 y 9 de los Presupuestos Generales del Estado, esto es, en actividades financieras (préstamos), en detrimento de las otras partidas. El dato resulta especialmente negativo, si tenemos en cuenta la baja ejecución de éstos préstamos (~30% en 2010, (COSCE, 2011), lo que enmascara una disminución aun mayor del total del presupuesto destinado a I+D+i. El mismo documento recalca que es más positivo un aumento significativo, sostenido y estable, aunque sea menor, que un incremento importante pero sin garantía de continuidad. Nosotros coincidimos en esta valoración.

No obstante, en este informe queremos resaltar que un incremento en los recursos no será suficiente, por sí solo, para modernizar el sistema científico español y aumentar su eficiencia, calidad y competitividad. La precariedad laboral de muchos investigadores está relacionada con un fenómeno habitual en los centros de I+D+i españoles: la endogamia. La endogamia se produce cuando las plazas de investigador o profesor se conceden a personas con vinculación previa a la entidad que convoca la plaza (licenciados y/o doctorados en esa institución, trabajadores de ese organismo con otro tipo de contrato, etc.), a menudo con méritos profesionales menores que los de otros candidatos al puesto, pero que “son de fuera”. A pesar de que la tendencia a la endogamia se ha reducido ligeramente en los últimos años, podemos constatar que a día de hoy es una práctica aún activa y de gran alcance en la universidad española. Cruz-Castro et al. (2006) indican que el 70% de los profesores funcionarios en la universidad española había concursado en solitario, y sólo el 5,4% de los puestos los habían conseguido candidatos externos. En Estados Unidos, Reino Unido y Francia, el porcentaje de puestos conseguidos por candidatos externos es el 93%, 83% y 50%, respectivamente (Corruptio, 2007). Aunque la endogamia “per se” no tiene por qué influir negativamente, en el sistema científico español se presenta junto con otros factores (corrupción, favoritismo). De esta manera, este fenómeno se ha convertido en uno de los factores principales que influyen en la baja eficiencia del sistema científico español, debido a la falta de criterios de selección transparentes, objetivos y basados exclusivamente en méritos profesionales, lo que está estrechamente relacionado con la corrupción aún existente en la universidad y otros centros de investigación públicos españoles (Bosch, 1998); (Navarro y Rivero, 2001); (AACTE, 2000); (Delibes de Castro, 2006); (Morán, 2006); (Corruptio, 2007). Esta situación ha provocado también que, tradicionalmente, muchos investigadores hayan estado soportando pésimas condiciones laborales durante su etapa predoctoral y postdoctoral, con la promesa de conseguir un puesto estable en el futuro. Se trata de auténticos “contratos implícitos”, en los cuales los afectados intercambian una posible seguridad laboral en el futuro por peores condiciones reales en el presente. En la etapa predoctoral, la precariedad comporta otras desventajas, por el especial carácter de la relación entre el director de tesis y el doctorando. Así, a pesar de los beneficios incorporados mediante el reciente sistema de acreditaciones, la ausencia de una carrera investigadora en España ha propiciado que la endogamia, el favoritismo y la corrupción estén estrechamente relacionados y se retroalimenten, aunque la diversidad de casos complique su análisis. Haremos referencia a este problema a lo largo de este documento.

En el presente documento, hemos dividido el análisis de la Carrera Investigadora en España en dos partes. Una primera parte, en la que detallamos algunos de los problemas con que se puede encontrar un investigador a lo largo de las diferentes etapas que configuran su trayectoria profesional, incluyendo algunos que afectan a los centros y a los grupos de investigación. En la segunda parte proponemos una serie de medidas que pueden ayudar a resolver esos problemas, constituyendo en sí mismas una propuesta de auténtica Carrera Investigadora.

Para cualquier consulta relacionada con el presente documento, se puede contactar con los coordinadores de la comisión Carrera Investigadora de la FJI/Precarios (carrerainvestigadora@precarios.org).


Página última modificacion en Lunes 11 de Noviembre, 2013 13:29:03

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